This website works best with JavaScript enabled
All for Joomla All for Webmasters

logo2

7.12. 2019 se za laskavé podpory SBTC CZ konal již čtvrtý ročník Lacerta Cupu. Na soutěž se přihlásilo celkem 37 chlupáčů různých plemen, přičemž stafordšírských bulteriérů bylo deset. Závod provázela velmi příjemná atmosféra, soutěžící se vzájemně podporovali a fandili si. Paní rozhodčí Petra Štolová a Kristýna Másilková u všech týmů ocenily připravenost, hezký vztah a sportovní chování.

 

78537119 10217787305326691 7316413596882173952 n  DSC 3906 2

Stafbulíci nakonec soutěžili ve dvou třídách OB-Z a OB2. Ve třídě OB-Z byla nejhorší zadanou známkou velmi dobrá – týmy byly skvěle připravené. V OB2 už bylo znát, že se jedná o poměrně náročnou zkoušku, přesto 2 SBT atakovali „bednu“, jeden nesplnil limit zkoušky a jeden byl diskvalifikovaný za opuštění soutěžního prostoru. Opět byla účast mezinárodní, loňská polská vítězka OB1 letos soutěžila v OB2. Úroveň závodů rok od roku stoupá, je vidět, že obedience je pro naše plemeno velmi vhodným sportem, prohlubujícím dobrý vzájemný vztah s minimálními zdravotními riziky. Potěšilo mne i to, že všichni hafani zvládli bez problémů a v pohodě skupinové odložení.

Raritou byla Kateřina Uriková, která soutěžila se třemi fenkami ve dvou kategoriích, všechny tři stály na stupních vítězů a to i v celkovém skóre mezi ostatními plemeny.

Výsledky 4. Lacerta Cup 2019

Jméno a příjmení psovoda Jméno psa Soutěžní třída Celkové pořadí SBT pořadí Počet bodů Známka
Kateřina Uriková Alive Miracle - My Divines OB-Z 3 1 276,5 Výborně
Veronika Mlejnková Infinity Love - Pastaff  OB-Z 7 2 245,0 Velmi dobře
Petra  Franzová Balthazar  - Umbazz Kingdom  OB-Z 8 3 239,0 Velmi dobře
Ngoc Anh Leová Batman - Blue Nanny Dog OB-Z 10 4 226,0 Velmi dobře
Eva Klamertová Tina - Denajwen OB-Z zkouška, hárala 267,5 Výborně
Jitka Freibauerová Olive for Jetta - Moravia Lord OB1 nenastoupila
Kateřina Uriková Cute Josephine - King of Bohemia OB2 2 1 248,5 Velmi dobře
Kateřina Uriková Tornado Lou - Macy Gray OB2 3 2 242,5 Velmi dobře
Aleksandra Wawrynek (PL) V'Henrico Troyowski - Carbonarastaff OB2 6 3 160,5 Nehodnocen
Martina Vrátilová Apocalypse - de Orphanus OB2   4 0,0 Diskvalifikace

Chci poděkovat klubu za finanční podporu, sponzorům Brit za nesmírně štědré ceny, časopisu Psí sporty za časopis pro každého účastníka a 3 předplatné, Ivaně Mrňákové za krásné pelechy pro vítěze obou kategorií, Canis Bull paní Innemanové za upomínkové hrníčky pro každého soutěžícího, firmě Kodak Moments za hodnotné a praktické ceny, firmě Mooria za originální obojek pro absolutního vítěze Kateřinu Urikovou a vítěze, manželům Vlčkovým za obedience pomůcky, bez kterých by se nedalo soutěžit a Blance Písařové za fotodokumentaci.

Těšíme se na příští ročník, který bude opět v příjemném a prostředí vytápěné haly Psí Akademie D&J.

Kristýna Másilková

 

DSC 4017 3    

DSC 4448 2


 

Constitución de la República de Cuba

PREÁMBULO

NOSOTROS, EL PUEBLO DE CUBA,

inspirados en el heroísmo y patriotismo de los que lucharon por una Patria libre, independiente, soberana, democrática, de justicia social y solidaridad humana, forjada en el sacrificio de nuestros antecesores;

por los aborígenes que se resistieron a la sumisión;

por los esclavos que se rebelaron contra sus amos;

por los que despertaron la conciencia nacional y el ansia cubana de patria y libertad;

por los patriotas que a partir de 1868 iniciaron y participaron en nuestras luchas independentistas contra el colonialismo español, y a los que en el último impulso de 1895 les fuera frustrada la victoria al producirse la intervención y ocupación militar del imperialismo yanqui en 1898;

por los que lucharon durante más de cincuenta años contra el dominio imperialista, la corrupción política, la falta de derechos y libertades populares, el desempleo, la explotación impuesta por capitalistas, terratenientes y otros males sociales;

por los que promovieron, integraron y desarrollaron las primeras organizaciones de obreros, campesinos y estudiantes; difundieron las ideas socialistas y fundaron los primeros movimientos revolucionarios, marxistas y leninistas;

por los integrantes de la vanguardia de la Generación del Centenario del natalicio de Martí, que nutridos por su magisterio nos condujeron
a la victoria revolucionaria popular de enero de 1959;

por los que, con el sacrificio de sus vidas, defendieron la Revolución y contribuyeron a su definitiva consolidación;

por los que masivamente cumplieron heroicas misiones internacionalistas;

por la resistencia épica y unidad de nuestro pueblo;

GUIADOS

por lo más avanzado del pensamiento revolucionario, antiimperialista y marxista cubano, latinoamericano y universal, en particular por el ideario y ejemplo de Martí y Fidel y las ideas de emancipación social de Marx, Engels y Lenin;

APOYADOS

en el internacionalismo proletario, en la amistad fraternal, la ayuda, la cooperación y la solidaridad de los pueblos del mundo, specialmente los de América Latina y el Caribe;

DECIDIDOS

a llevar adelante la Revolución del Moncada, del Granma, de la Sierra, de la lucha clandestina y de Girón, que sustentada en el aporte y la unidad de las principales fuerzas revolucionarias y del pueblo conquistó la plena independencia nacional, estableció el po-
der revolucionario, realizó las transformaciones democráticas e inició la construcción del socialismo;

CONVENCIDOS

de que Cuba no volverá jamás al capitalismo como régimen sustentado en la explotación del hombre por el hombre, y que solo en el
socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena;

CONSCIENTES

de que la unidad nacional y el liderazgo del Partido Comunista de Cuba, nacido de la voluntad unitaria de las organizaciones que contribuyeron decisivamente al triunfo de la Revolución y legitimado por el pueblo, constituyen pilares fundamentales y garantías de nuestro orden político, económico y social;

IDENTIFICADOS

con los postulados expuestos en el concepto de Revolución, expresado por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz el 1ro de mayo del año 2000;

DECLARAMOS

nuestra voluntad de que la ley de leyes de la República esté presidida por este profundo anhelo, al fin logrado, de José Martí:
“Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”;

ADOPTAMOS

por nuestro voto libre y secreto, mediante referendo popular, a ciento cincuenta años de nuestra primera Constitución mambisa, aprobada en
Guáimaro el 10 de abril de 1869, la siguiente:

CONSTITUCIÓN

TÍTULO I
FUNDAMENTOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTÍCULO 1. Cuba es un Estado socialista
de derecho y justicia social, democrático, independiente
y soberano, organizado con todos y
para el bien de todos como república unitaria
e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad,
el humanismo y la ética de sus ciudadanos
para el disfrute de la libertad, la equidad,
la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la
prosperidad individual y colectiva.

ARTÍCULO 2. El nombre del Estado cubano
es República de Cuba, el idioma oficial es el
español y su capital es La Habana.

Los símbolos nacionales son la bandera de
la estrella solitaria, el Himno de Bayamo y el
escudo de la palma real.

La ley define las características que los identifican,
su uso y conservación.

ARTÍCULO 3. En la República de Cuba la
soberanía reside intransferiblemente en el
pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado.
El pueblo la ejerce directamente o por
medio de las Asambleas del Poder Popular y
demás órganos del Estado que de ellas se derivan,
en la forma y según las normas fijadas por
la Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 4. La defensa de la patria socialista
es el más grande honor y el deber supremo
de cada cubano.

La traición a la patria es el más grave de los
crímenes, quien la comete está sujeto a las más
severas sanciones.

El sistema socialista que refrenda esta Constitución,
es irrevocable.

Los ciudadanos tienen el derecho de combatir
por todos los medios, incluyendo la lucha armada,
cuando no fuera posible otro recurso, contra
cualquiera que intente derribar el orden político,
social y económico establecido por esta Constitución.


ARTÍCULO 5. El Partido Comunista de
Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y
leninista, vanguardia organizada de la nación
cubana, sustentado en su carácter democrático
y la permanente vinculación con el pueblo,
es la fuerza política dirigente superior de la sociedad
y del Estado.

Organiza y orienta los esfuerzos comunes
en la construcción del socialismo y el avance
hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar
y fortalecer la unidad patriótica de los
cubanos y por desarrollar valores éticos, morales
y cívicos.

ARTÍCULO 6. La Unión de Jóvenes Comunistas,
organización de vanguardia de la juventud
cubana, cuenta con el reconocimiento
y el estímulo del Estado, contribuye a la formación
de las más jóvenes generaciones en los
principios revolucionarios y éticos de nuestra
sociedad, y promueve su participación en la
edificación del socialismo.

ARTÍCULO 7. La Constitución es la norma
jurídica suprema del Estado. Todos están obligados
a cumplirla. Las disposiciones y actos de
los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios
y empleados, así como de las organizaciones,
las entidades y los individuos se ajustan
a lo que esta dispone.

ARTÍCULO 8. Lo prescrito en los tratados
internacionales en vigor para la República de
Cuba forma parte o se integra, según corresponda,
al ordenamiento jurídico nacional. La
Constitución de la República de Cuba prima
sobre estos tratados internacionales.

ARTÍCULO 9. Cumplir estrictamente la legalidad
socialista es una obligación de todos.

Los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios
y empleados, además, velan por su respeto
en la vida de toda la sociedad y actúan dentro
de los límites de sus respectivas competencias.

ARTÍCULO 10. Los órganos del Estado, sus
directivos, funcionarios y empleados están
obligados a respetar, atender y dar respuesta
al pueblo, mantener estrechos vínculos con
este y someterse a su control, en las formas establecidas
en la Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 11. El Estado ejerce soberanía y
jurisdicción:

a) sobre todo el territorio nacional, integrado
por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud,
las demás islas y cayos adyacentes, las aguas
interiores y el mar territorial en la extensión
que fija la ley, el espacio aéreo que sobre estos
se extiende y el espectro radioeléctrico;
b) sobre el medio ambiente y los recursos naturales
del país;
c) sobre los recursos naturales, tanto vivos
como no vivos, del lecho y de las aguas suprayacentes
a este, y el subsuelo del mar de
la zona económica exclusiva de la República,
en la extensión que fija la ley, de conformidad
con el Derecho Internacional, y
d) sobre la plataforma continental en la extensión
que fija la ley y conforme al Derecho Internacional.
Asimismo, ejerce jurisdicción en la zona contigua
en correspondencia con el Derecho Internacional.


ARTÍCULO 12. La República de Cuba repudia
y considera ilegales y nulos los tratados,
concesiones o pactos acordados en condiciones
de desigualdad o que desconocen o disminuyen
su soberanía e integridad territorial.

ARTÍCULO 13. El Estado tiene como fines
esenciales los siguientes:

a) encauzar los esfuerzos de la nación en la
construcción del socialismo y fortalecer la
unidad nacional;
b) mantener y defender la independencia, la
integridad y la soberanía de la patria;
c) preservar la seguridad nacional;
d) garantizar la igualdad efectiva en el disfrute
y ejercicio de los derechos, y en el cumplimiento
de los deberes consagrados en la
Constitución y las leyes;
e) promover un desarrollo sostenible que asegure
la prosperidad individual y colectiva, y
obtener mayores niveles de equidad y justicia
social, así como preservar y multiplicar
los logros alcanzados por la Revolución;
f) garantizar la dignidad plena de las personas
y su desarrollo integral;
g) afianzar la ideología y la ética inherentes a
nuestra sociedad socialista;
h) proteger el patrimonio natural, histórico y
cultural de la nación, y
i) asegurar el desarrollo educacional, científico,
técnico y cultural del país.
ARTÍCULO 14. El Estado reconoce y estimula
a las organizaciones de masas y sociales,
que agrupan en su seno a distintos sectores de
la población, representan sus intereses específicos
y los incorporan a las tareas de la edificación,
consolidación y defensa de la sociedad
socialista.

La ley establece los principios generales en
que estas organizaciones se fundamentan y
reconoce el desempeño de las demás formas
asociativas.

ARTÍCULO 15. El Estado reconoce, respeta
y garantiza la libertad religiosa.

El Estado cubano es laico. En la República
de Cuba las instituciones religiosas y asociaciones
fraternales están separadas del Estado y
todas tienen los mismos derechos y deberes.

Las distintas creencias y religiones gozan de
igual consideración.

CAPÍTULO II
RELACIONES INTERNACIONALES

ARTÍCULO 16. La República de Cuba basa
las relaciones internacionales en el ejercicio de
su soberanía y los principios antiimperialistas
e internacionalistas, en función de los intereses
del pueblo y, en consecuencia:

a) reafirma que las relaciones económicas,
diplomáticas y políticas con cualquier otro
Estado no podrán ser jamás negociadas
bajo agresión, amenaza o coerción;
b) ratifica su aspiración de paz digna, verdadera
y válida para todos los Estados, asentada en el
respeto a la independencia y soberanía de los
pueblos y su derecho a la libre determinación,
expresado en la libertad de elegir su sistema

político, económico, social y cultural, como
condición esencial para asegurar la convivencia
pacífica entre las naciones;

c) sostiene su voluntad de observar de manera
irrestricta los principios y normas que conforman
el Derecho Internacional, en particular la
igualdad de derechos, la integridad territorial,
la independencia de los Estados, el no uso ni
amenaza del uso de la fuerza en las relaciones
internacionales, la cooperación internacional
en beneficio e interés mutuo y equitativo, el
arreglo pacífico de controversias sobre la base
de la igualdad, el respeto y los demás principios
proclamados en la Carta de las Naciones
Unidas;
d) reafirma su voluntad de integración y colaboración
con los países de América Latina y del
Caribe;
e) promueve la unidad de todos los países del
Tercer Mundo y condena el imperialismo, el
fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo
u otras formas de sometimiento, en cualquiera
de sus manifestaciones;
f) promueve la protección y conservación del
medio ambiente y el enfrentamiento al cambio
climático, que amenaza la sobrevivencia
de la especie humana, sobre la base del reconocimiento
de responsabilidades comunes,
pero diferenciadas; el establecimiento de un
orden económico internacional justo y equitativo
y la erradicación de los patrones irracionales
de producción y consumo;
g) defiende y protege el disfrute de los derechos
humanos y repudia cualquier manifestación
de racismo o discriminación;
h) condena la intervención directa o indirecta
en los asuntos internos o externos de cualquier
Estado y, por tanto, la agresión armada,
cualquier forma de coerción económica
o política, los bloqueos unilaterales violatorios
del Derecho Internacional, u otro tipo
de injerencia y amenaza a la integridad de
los Estados;
i) rechaza la violación del derecho irrenunciable
y soberano de todo Estado a regular el uso y
los beneficios de las telecomunicaciones en su
territorio, conforme a la práctica universal y a
los convenios internacionales de los que Cuba
es parte;
j) califica de crimen internacional la agresión
y la guerra de conquista, reconoce la legitimidad
de las luchas por la liberación nacional
y la resistencia armada a la agresión,
así como considera su deber internacionalista
solidarizarse con el agredido y con los
pueblos que combaten por su liberación y
autodeterminación;
k) promueve el desarme general y completo y rechaza
la existencia, proliferación o uso de ar-
mas nucleares, de exterminio en masa u otras
de efectos similares, así como el desarrollo y
empleo de nuevas armas y de nuevas formas
de hacer la guerra, como la ciberguerra, que
transgreden el Derecho Internacional;
l) repudia y condena el terrorismo en cualquiera
de sus formas y manifestaciones, en particular
el terrorismo de Estado;
m)ratifica su compromiso en la construcción de
una sociedad de la información y el conocimiento
centrada en la persona, integradora y
orientada al desarrollo sostenible, en la que todos
puedan crear, consultar, utilizar y compartir
la información y el conocimiento en

la mejora de su calidad de vida; y defiende
la cooperación de todos los Estados y la
democratización del ciberespacio, así como
condena su uso y el del espectro radioeléctrico
con fines contrarios a lo anterior, incluidas
la subversión y la desestabilización
de naciones soberanas;

n) basa sus relaciones con los países que edifican
el socialismo en la amistad fraternal, la cooperación
y la ayuda mutua;
ñ) mantiene y fomenta relaciones de amistad con
los países que, teniendo un régimen político,
social y económico diferente, respetan su soberanía,
observan las normas de convivencia
entre los Estados y adoptan una actitud recíproca
con nuestro país, de conformidad con
los principios del Derecho Internacional, y

o) promueve el multilateralismo y la multipolaridad
en las relaciones internacionales, como
alternativas a la dominación y al hegemonismo
político, financiero y militar o cualquier
otra manifestación que amenacen la paz, la
independencia y la soberanía de los pueblos.
ARTÍCULO 17. La República de Cuba puede
conceder asilo, de conformidad con la ley, a los
perseguidos por sus ideales o luchas por la liberación
nacional, por actividades progresistas, por el
socialismo y la paz, por los derechos democráticos
y sus reivindicaciones, así como a los que luchan
contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo,
el neocolonialismo y cualquier otra forma de
dominación, la discriminación y el racismo.

TÍTULO II
FUNDAMENTOS ECONÓMICOS

ARTÍCULO 18. En la República de Cuba
rige un sistema de economía socialista basa-
do en la propiedad de todo el pueblo sobre los
medios fundamentales de producción como la
forma de propiedad principal, y la dirección
planificada de la economía, que tiene en cuenta,
regula y controla el mercado en función de
los intereses de la sociedad.

ARTÍCULO 19. El Estado dirige, regula y
controla la actividad económica conciliando los
intereses nacionales, territoriales, colectivos e
individuales en beneficio de la sociedad.

La planificación socialista constituye el
componente central del sistema de dirección
del desarrollo económico y social. Su función
esencial es proyectar y conducir el desarrollo
estratégico, previendo los equilibrios pertinentes
entre los recursos y las necesidades.

ARTÍCULO 20. Los trabajadores participan
en los procesos de planificación, regulación,
gestión y control de la economía.

La ley regula la participación de los colectivos
laborales en la administración y gestión de
las entidades empresariales estatales y unidades
presupuestadas.

ARTÍCULO 21. El Estado promueve el
avance de la ciencia, la tecnología y la innovación
como elementos imprescindibles para
el desarrollo económico y social.

Igualmente implementa formas de organización,
financiamiento y gestión de la actividad
científica; propicia la introducción sistemática
y acelerada de sus resultados en los procesos
productivos y de servicios, mediante el marco
institucional y regulatorio correspondiente.

ARTÍCULO 22. Se reconocen como formas
de propiedad, las siguientes:

a) socialista de todo el pueblo: en la que el Estado
actúa en representación y beneficio de aquel
como propietario.
b) cooperativa: la sustentada en el trabajo colectivo
de sus socios propietarios y en el ejercicio
efectivo de los principios del cooperativismo.
c) de las organizaciones políticas, de masas y
sociales: la que ejercen estos sujetos sobre
los bienes destinados al cumplimiento de
sus fines.
d) privada: la que se ejerce sobre determinados
medios de producción por personas naturales
o jurídicas cubanas o extranjeras; con un pa-
pel complementario en la economía.
e) mixta: la formada por la combinación de dos o
más formas de propiedad.
f) de instituciones y formas asociativas: la que
ejercen estos sujetos sobre sus bienes para
el cumplimiento de fines de carácter no lucrativo.
g) personal: la que se ejerce sobre los bienes que,
sin constituir medios de producción, contribuyen
a la satisfacción de las necesidades materiales
y espirituales de su titular.
Todas las formas de propiedad sobre los medios
de producción interactúan en similares condiciones;
el Estado regula y controla el modo en
que contribuyen al desarrollo económico y social.

La ley regula lo relativo al ejercicio y alcance
de las formas de propiedad.

ARTÍCULO 23. Son de propiedad socialista
de todo el pueblo: las tierras que no pertenecen
a particulares o a cooperativas integradas
por estos, el subsuelo, los yacimientos minerales,
las minas, los bosques, las aguas, las playas,
las vías de comunicación y los recursos
naturales tanto vivos como no vivos dentro de
la zona económica exclusiva de la República.

Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad
a personas naturales o jurídicas y se rigen
por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad
e inembargabilidad.

La trasmisión de otros derechos que no impliquen
transferencia de propiedad sobre estos
bienes, se hará previa aprobación del Consejo de
Estado, conforme a lo previsto en la ley, siempre
que se destinen a los fines del desarrollo económico
y social del país y no afecten los fundamentos
políticos, económicos y sociales del Estado.

ARTÍCULO 24. La propiedad socialista de
todo el pueblo incluye otros bienes como las
infraestructuras de interés general, principales
industrias e instalaciones económicas y sociales,
así como otros de carácter estratégico
para el desarrollo económico y social del país.

Estos bienes son inembargables y pueden
trasmitirse en propiedad solo en casos excepcionales,
siempre que se destinen a los fines
del desarrollo económico y social del país y
no afecten los fundamentos políticos, económicos
y sociales del Estado, previa aprobación
del Consejo de Ministros.

En cuanto a la trasmisión de otros derechos
sobre estos bienes, así como a su gestión, se actuará
conforme a lo previsto en la ley.

Las instituciones presupuestadas y las entidades
empresariales estatales cuentan con otros
bienes de propiedad socialista de todo el pueblo,
sobre los cuales ejercen los derechos que le corresponden
de conformidad con lo previsto en la ley.

ARTÍCULO 25. El Estado crea instituciones
presupuestadas para cumplir esencialmente
funciones estatales y sociales.


ARTÍCULO 26. El Estado crea y organiza
entidades empresariales estatales con el objetivo
de desarrollar actividades económicas de
producción y prestación de servicios.

Estas entidades responden de las obligaciones
contraídas con su patrimonio, en correspondencia
con los límites que determine la ley.

El Estado no responde de las obligaciones contraídas
por las entidades empresariales estatales
y estas tampoco responden de las de aquel.

ARTÍCULO 27. La empresa estatal socialista
es el sujeto principal de la economía nacional.
Dispone de autonomía en su administración
y gestión; desempeña el papel principal en la
producción de bienes y servicios y cumple con
sus responsabilidades sociales.

La ley regula los principios de organización y
funcionamiento de la empresa estatal socialista.

ARTÍCULO 28. El Estado promueve y brinda
garantías a la inversión extranjera, como
elemento importante para el desarrollo económico
del país, sobre la base de la protección
y el uso racional de los recursos humanos y naturales,
así como del respeto a la soberanía e
independencia nacionales.

La ley establece lo relativo al desarrollo de la inversión
extranjera en el territorio nacional.

ARTÍCULO 29. La propiedad privada sobre la
tierra se regula por un régimen especial.

Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y
los préstamos hipotecarios a particulares.

La compraventa o trasmisión onerosa de
este bien solo podrá realizarse previo cumplimiento
de los requisitos que establece la ley y
sin perjuicio del derecho preferente del Estado
a su adquisición mediante el pago de su justo
precio.

Los actos traslativos de dominio no onerosos

o de derechos de uso y disfrute sobre este bien
se realizan previa autorización de la autoridad
competente y de conformidad con lo establecido
en la ley.
ARTÍCULO 30. La concentración de la propiedad
en personas naturales o jurídicas no estatales
es regulada por el Estado, el que garantiza
además, una cada vez más justa redistribución de
la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles
con los valores socialistas de equidad y
justicia social.

La ley establece las regulaciones que garantizan
su efectivo cumplimiento.

ARTÍCULO 31. El trabajo es un valor primordial
de nuestra sociedad. Constituye un derecho,
un deber social y un motivo de honor de todas las
personas en condiciones de trabajar.

El trabajo remunerado debe ser la fuente
principal de ingresos que sustenta condiciones
de vida dignas, permite elevar el bienestar material
y espiritual y la realización de los proyectos
individuales, colectivos y sociales.

La remuneración con arreglo al trabajo aportado
se complementa con la satisfacción equitativa
y gratuita de servicios sociales universa-
les y otras prestaciones y beneficios.

TÍTULO III
FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA
EDUCACIONAL, CIENTÍFICA
Y CULTURAL

ARTÍCULO 32. El Estado orienta, fomenta
y promueve la educación, las ciencias y la cul-
tura en todas sus manifestaciones.

En su política educativa, científica y cultural
se atiene a los postulados siguientes:

a) se fundamenta en los avances de la ciencia, la
creación, la tecnología y la innovación, el pensamiento
y la tradición pedagógica progresista
cubana y la universal;
b) la enseñanza es función del Estado, es laica
y se basa en los aportes de la ciencia y en los
principios y valores de nuestra sociedad;
c) la educación promueve el conocimiento de la
historia de la nación y desarrolla una alta formación
de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos;
d) promueve la participación ciudadana en la
realización de su política educacional, científica
y cultural;
e) orienta, fomenta y promueve la cultura física,
la recreación y el deporte en todas sus manifestaciones
como medio de educación y contribución
a la formación integral de las personas;
f) la actividad creadora e investigativa en la ciencia
es libre. Se estimula la investigación científica
con un enfoque de desarrollo e innovación,
priorizando la dirigida a solucionar los
problemas que atañen al interés de la sociedad
y al beneficio del pueblo;
g) se fomenta la formación y empleo de las personas
que el desarrollo del país requiere para
asegurar las capacidades científicas, tecnológicas
y de innovación;
h) se promueve la libertad de creación artística
en todas sus formas de expresión, conforme a
los principios humanistas en que se sustenta la
política cultural del Estado y los valores de la
sociedad socialista;
i) se fomenta y desarrolla la educación artística y
literaria, la vocación para la creación, el cultivo
del arte y la capacidad para apreciarlo;
j) defiende la identidad y la cultura cubana y
salvaguarda la riqueza artística, patrimonial e
histórica de la nación, y
k) protege los monumentos de la nación y los lugares
notables por su belleza natural, o por su
reconocido valor artístico o histórico.
TÍTULO IV
CIUDADANÍA

ARTÍCULO 33. La ciudadanía cubana se
adquiere por nacimiento o por naturalización.
ARTÍCULO 34. Son ciudadanos cubanos

por nacimiento:

a) los nacidos en el territorio nacional, con excepción
de los hijos de extranjeros que se
encuentren al servicio de su gobierno o de
organismos internacionales. La ley establece
los requisitos y las formalidades para el
caso de los hijos de los extranjeros no residentes
permanentes en el país;
b) los nacidos en el extranjero de padre o madre
cubanos que se hallen cumpliendo misión
oficial, de acuerdo con los requisitos y
las formalidades que establece la ley;
c) los nacidos en el extranjero de padre o madre
cubanos, previo cumplimiento de los requisitos
y las formalidades que la ley señala, y
d) los nacidos fuera del territorio nacional de
padre o madre cubanos por nacimiento que
hayan perdido la ciudadanía cubana, siempre
que la reclamen en la forma que señala la ley.
ARTÍCULO 35. Son ciudadanos cubanos
por naturalización:

a) los extranjeros que adquieren la ciudadanía
de acuerdo con lo establecido en la ley;
b) los que obtengan la ciudadanía cubana por
decisión del Presidente de la República.
ARTÍCULO 36. La adquisición de otra ciudadanía
no implica la pérdida de la ciudadanía
cubana. Los ciudadanos cubanos, mientras se
encuentren en el territorio nacional, se rigen
por esa condición, en los términos establecidos
en la ley y no pueden hacer uso de una ciudadanía
extranjera.

ARTÍCULO 37. El matrimonio, la unión de
hecho o su disolución no afectan la ciudadanía
de los cónyuges, de los unidos o de sus hijos.

ARTÍCULO 38. Los cubanos no pueden ser
privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente
establecidas.

La ley establece el procedimiento a seguir
para la formalización de la pérdida y renuncia
de la ciudadanía y las autoridades facultadas
para decidirlo.

ARTÍCULO 39. La ciudadanía cubana podrá
recuperarse previo cumplimiento de los requisitos
y formalidades que prescribe la ley.

TÍTULO V
DERECHOS, DEBERESY GARANTÍAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 40. La dignidad humana es el
valor supremo que sustenta el reconocimiento y
ejercicio de los derechos y deberes consagrados
en la Constitución, los tratados y las leyes.

ARTÍCULO 41. El Estado cubano reconoce
y garantiza a la persona el goce y el ejercicio
irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal
e interdependiente de los derechos humanos,
en correspondencia con los principios
de progresividad, igualdad y no discriminación.
Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento
para todos.

ARTÍCULO 42. Todas las personas son iguales
ante la ley, reciben la misma protección y
trato de las autoridades y gozan de los mismos
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna
discriminación por razones de sexo, género,
orientación sexual, identidad de género,
edad, origen étnico, color de la piel, creencia
religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial,
o cualquier otra condición o circunstancia
personal que implique distinción lesiva a la
dignidad humana.

Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos
espacios públicos y establecimientos de
servicios.

Asimismo, reciben igual salario por igual
trabajo, sin discriminación alguna.

La violación del principio de igualdad está
proscrita y es sancionada por la ley.

ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen
iguales derechos y responsabilidades en lo
económico, político, cultural, laboral, social,
familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado
garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas
oportunidades y posibilidades.

El Estado propicia el desarrollo integral de
las mujeres y su plena participación social.
Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales
y reproductivos, las protege de la violencia de
género en cualquiera de sus manifestaciones y


espacios, y crea los mecanismos institucionales
y legales para ello.

ARTÍCULO 44. El Estado crea las condiciones
para garantizar la igualdad de sus ciudadanos.
Educa a las personas desde la más temprana
edad en el respeto a este principio.

El Estado hace efectivo este derecho con la
implementación de políticas públicas y leyes
para potenciar la inclusión social y la salvaguarda
de los derechos de las personas cuya
condición lo requieran.

ARTÍCULO 45. El ejercicio de los derechos
de las personas solo está limitado por los derechos
de los demás, la seguridad colectiva, el
bienestar general, el respeto al orden público,
a la Constitución y a las leyes.

CAPÍTULO II
DERECHOS

ARTÍCULO 46. Todas las personas tienen
derecho a la vida, la integridad física y moral,
la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la
salud, la educación, la cultura, la recreación, el
deporte y a su desarrollo integral.

ARTÍCULO 47. Las personas tienen derecho
al libre desarrollo de su personalidad y deben
guardar entre sí una conducta de respeto, fraternidad
y solidaridad.

ARTÍCULO 48. Todas las personas tienen
derecho a que se les respete su intimidad personal
y familiar, su propia imagen y voz, su ho-
nor e identidad personal.

ARTÍCULO 49. El domicilio es inviolable. No
se puede penetrar en morada ajena sin permiso
de quien la habita, salvo por orden expresa de
la autoridad competente, con las formalidades
legales y por motivo previamente definido en la
ley.

ARTÍCULO 50. La correspondencia y demás
formas de comunicación entre las personas
son inviolables. Solo pueden ser interceptadas
o registradas mediante orden expresa
de autoridad competente, en los casos y con
las formalidades establecidas en la ley.

Los documentos o informaciones obtenidas
con infracción de este principio no constituyen
prueba en proceso alguno.

ARTÍCULO 51. Las personas no pueden ser
sometidas a desaparición forzada, torturas ni
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.


ARTÍCULO 52. Las personas tienen libertad
de entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia,
sin más limitaciones que las establecidas
por la ley.

ARTÍCULO 53. Todas las personas tienen
derecho a solicitar y recibir del Estado información
veraz, objetiva y oportuna, y a acceder
a la que se genere en los órganos del Estado
y entidades, conforme a las regulaciones establecidas.


ARTÍCULO 54. El Estado reconoce, respeta
y garantiza a las personas la libertad de pensamiento,
conciencia y expresión.

La objeción de conciencia no puede invocarse
con el propósito de evadir el cumplimiento
de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el
ejercicio de sus derechos.

ARTÍCULO 55. Se reconoce a las personas la
libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad
con la ley y los fines de la sociedad.

Los medios fundamentales de comunicación
social, en cualquiera de sus manifestaciones y
soportes, son de propiedad socialista de todo
el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales
y de masas; y no pueden ser objeto de
otro tipo de propiedad.

El Estado establece los principios de organización
y funcionamiento para todos los medios
de comunicación social.

ARTÍCULO 56. Los derechos de reunión,
manifestación y asociación, con fines lícitos y
pacíficos, se reconocen por el Estado siempre
que se ejerzan con respeto al orden público y
el acatamiento a las preceptivas establecidas
en la ley.

ARTÍCULO 57. Toda persona tiene derecho
a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas
y a practicar la religión de su preferencia,
con el debido respeto a las demás y de conformidad
con la ley.

ARTÍCULO 58. Todas las personas tienen
derecho al disfrute de los bienes de su propiedad.
El Estado garantiza su uso, disfrute y
libre disposición, de conformidad con lo establecido
en la ley.

La expropiación de bienes se autoriza únicamente
atendiendo a razones de utilidad pública
o interés social y con la debida indemnización.


La ley establece las bases para determinar su
utilidad y necesidad, las garantías debidas, el
procedimiento para la expropiación y la forma
de indemnización.

ARTÍCULO 59. La confiscación de bienes
se aplica solo como sanción dispuesta por autoridad
competente, en los procesos y por los
procedimientos que determina la ley.

Cuando la confiscación de bienes sea dispuesta
en procedimiento administrativo, se
garantiza siempre a la persona su defensa ante
los tribunales competentes.

ARTÍCULO 60. El Estado favorece en su política
penitenciaria la reinserción social de las
personas privadas de libertad, garantiza el respeto
de sus derechos y el cumplimiento de las
normas establecidas para su tratamiento en los
establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se ocupa de la atención y reinserción
social de las personas que extinguen sanciones
penales no detentivas o cumplen otros tipos
de medidas impuestas por los tribunales.

ARTÍCULO 61. Las personas tienen derecho
a dirigir quejas y peticiones a las autoridades,
las que están obligadas a tramitarlas y dar las
respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas
en el plazo y según el procedimiento
establecido en la ley.

ARTÍCULO 62. Se reconocen a las personas
los derechos derivados de la creación intelectual,
conforme a la ley y los tratados internacionales.


Los derechos adquiridos se ejercen por los
creadores y titulares en correspondencia con
la ley, en función de las políticas públicas.

ARTÍCULO 63. Se reconoce el derecho a la
sucesión por causa de muerte. La ley regula su
contenido y alcance.

ARTÍCULO 64. Se reconoce el derecho al
trabajo. La persona en condición de trabajar
tiene derecho a obtener un empleo digno, en
correspondencia con su elección, calificación,
aptitud y exigencias de la economía y la sociedad.


El Estado organiza instituciones y servicios
que faciliten a las familias trabajadoras el
desempeño de sus responsabilidades.

ARTÍCULO 65. Toda persona tiene derecho
a que su trabajo se remunere en función de la
calidad y cantidad, expresión del principio de
distribución socialista “de cada cual según su
capacidad, a cada cual según su trabajo”.

ARTÍCULO 66. Se prohíbe el trabajo de las
niñas, los niños y los adolescentes.

El Estado brinda especial protección a aquellos
adolescentes graduados de la enseñanza técnica
y profesional u otros que, en circunstancias excepcionales
definidas en la ley, son autorizados a
incorporarse al trabajo, con el fin de garantizar su
adiestramiento y desarrollo integral.

ARTÍCULO 67. La persona que trabaja tiene
derecho al descanso, que se garantiza por la
jornada de trabajo de ocho horas, el descanso
semanal y las vacaciones anuales pagadas.

La ley define aquellos otros supuestos en los
que excepcionalmente se pueden aprobar jornadas
y regímenes diferentes de trabajo, con
la debida correspondencia entre el tiempo de
trabajo y el descanso.

ARTÍCULO 68. La persona que trabaja tiene
derecho a la seguridad social. El Estado, mediante
el sistema de seguridad social, le garantiza
la protección adecuada cuando se encuentre
impedida de laborar por su edad, maternidad,
paternidad, invalidez o enfermedad.

Asimismo, de conformidad con la ley, el Estado
protege a los abuelos u otros familiares
del menor de edad, en función del cuidado y
atención a este.

En caso de muerte de la persona que trabaja

o se encuentra pensionada, el Estado brinda
similar protección a su familia, conforme a lo
establecido en la ley.
ARTÍCULO 69. El Estado garantiza el derecho
a la seguridad y salud en el trabajo mediante
la adopción de medidas adecuadas para
la prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.

La persona que sufre un accidente de trabajo
o contrae una enfermedad profesional tiene
derecho a la atención médica, a subsidio o jubilación
en los casos de incapacidad temporal

o permanente de trabajo o a otras formas de
protección de la seguridad social.
ARTÍCULO 70. El Estado, mediante la asistencia
social, protege a las personas sin recursos
ni amparo, no aptas para trabajar, que carezcan
de familiares en condiciones de prestarle ayuda;
y a las familias que, debido a la insuficiencia
de los ingresos que perciben, así lo requieran, de
conformidad con la ley.

ARTÍCULO 71. Se reconoce a todas las personas
el derecho a una vivienda adecuada y a
un hábitat seguro y saludable.

El Estado hace efectivo este derecho mediante
programas de construcción, rehabilitación y
conservación de viviendas, con la participación
de entidades y de la población, en correspondencia
con las políticas públicas, las normas del
ordenamiento territorial y urbano y las leyes.

ARTÍCULO 72. La salud pública es un derecho
de todas las personas y es responsabilidad
del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y
la calidad de los servicios de atención, protección
y recuperación.

El Estado, para hacer efectivo este derecho,
instituye un sistema de salud a todos los ni



veles accesible a la población y desarrolla programas
de prevención y educación, en los que
contribuyen la sociedad y las familias.

La ley define el modo en que los servicios de
salud se prestan.

ARTÍCULO 73. La educación es un derecho
de todas las personas y responsabilidad del Estado,
que garantiza servicios de educación gratuitos,
asequibles y de calidad para la formación
integral, desde la primera infancia hasta la
enseñanza universitaria de posgrado.

El Estado, para hacer efectivo este derecho,
establece un amplio sistema de instituciones
educacionales en todos los tipos y niveles educativos,
que brinda la posibilidad de estudiar en
cualquier etapa de la vida de acuerdo a las aptitudes,
las exigencias sociales y a las necesidades
del desarrollo económico-social del país.

En la educación tienen responsabilidad la
sociedad y las familias.

La ley define el alcance de la obligatoriedad
de estudiar, la preparación general básica que,
como mínimo, debe adquirirse; la educación
de las personas adultas y aquellos estudios de
posgrado u otros complementarios que excepcionalmente
pueden ser remunerados.

ARTÍCULO 74. Las personas tienen derecho
a la educación física, al deporte y a la recreación
como elementos esenciales de su calidad
de vida.

El sistema nacional de educación garantiza
la inclusión de la enseñanza y práctica de la
educación física y el deporte como parte de la
formación integral de la niñez, la adolescencia
y la juventud.

El Estado crea las condiciones para garantizar
los recursos necesarios dedicados a la promoción
y práctica del deporte y la recreación del
pueblo, así como para la preparación, atención y
desarrollo de los talentos deportivos.

ARTÍCULO 75. Todas las personas tienen
derecho a disfrutar de un medio ambiente
sano y equilibrado.

El Estado protege el medio ambiente y los
recursos naturales del país. Reconoce su estrecha
vinculación con el desarrollo sostenible
de la economía y la sociedad para hacer más
racional la vida humana y asegurar la supervivencia,
el bienestar y la seguridad de las generaciones
actuales y futuras.

ARTÍCULO 76. Todas las personas tienen
derecho al agua.

El Estado crea las condiciones para garantizar
el acceso al agua potable y a su saneamiento, con
la debida retribución y uso racional.

ARTÍCULO 77. Todas las personas tienen
derecho a la alimentación sana y adecuada. El
Estado crea las condiciones para fortalecer la
seguridad alimentaria de toda la población.

ARTÍCULO 78. Todas las personas tienen
derecho a consumir bienes y servicios de calidad
y que no atenten contra su salud, y a acceder
a información precisa y veraz sobre estos,
así como a recibir un trato equitativo y digno
de conformidad con la ley.

ARTÍCULO 79. Todas las personas tienen
derecho a participar en la vida cultural y artística
de la nación.

El Estado promueve la cultura y las distintas
manifestaciones artísticas, de conformidad
con la política cultural y la ley.

ARTÍCULO 80. Los ciudadanos cubanos
tienen derecho a participar en la conforma


ción, ejercicio y control del poder del Estado;
en razón a esto pueden, de conformidad con la
Constitución y las leyes:

a) estar inscriptos en el registro electoral;
b) proponer y nominar candidatos;
c) elegir y ser elegidos;
d) participar en elecciones, plebiscitos, referendos,
consultas populares y otras formas
de participación democrática;
e) pronunciarse sobre la rendición de cuenta
que les presentan los elegidos;
f) revocar el mandato de los elegidos;
g) ejercer la iniciativa legislativa y de reforma
de la Constitución;
h) desempeñar funciones y cargos públicos, y
i) estar informados de la gestión de los órganos
y autoridades del Estado.
CAPÍTULO III
LAS FAMILIAS

ARTÍCULO 81. Toda persona tiene derecho
a fundar una familia. El Estado reconoce y
protege a las familias, cualquiera sea su forma
de organización, como célula fundamental de
la sociedad y crea las condiciones para garantizar
que se favorezca integralmente la consecución
de sus fines.

Se constituyen por vínculos jurídicos o de
hecho, de naturaleza afectiva, y se basan en la
igualdad de derechos, deberes y oportunidades
de sus integrantes.

La protección jurídica de los diversos tipos
de familias es regulada por la ley.

ARTÍCULO 82. El matrimonio es una institución
social y jurídica. Es una de las formas
de organización de las familias. Se funda en el
libre consentimiento y en la igualdad de derechos,
obligaciones y capacidad legal de los
cónyuges.

La ley determina la forma en que se constituye
y sus efectos.

Se reconoce, además, la unión estable y singular
con aptitud legal, que forme de hecho un proyecto
de vida en común, que bajo las condiciones
y circunstancias que señale la ley, genera los derechos
y obligaciones que esta disponga.

ARTÍCULO 83. Todos los hijos tienen iguales
derechos.

Se prohíbe toda calificación sobre la naturaleza
de la filiación.

El Estado garantiza, mediante los procedimientos
legales adecuados, la determinación y
el reconocimiento de la maternidad y la paternidad.


ARTÍCULO 84. La maternidad y la paternidad
son protegidas por el Estado.

Las madres y los padres tienen responsabilidades
y funciones esenciales en la educación
y formación integral de las nuevas generaciones
en los valores morales, éticos y cívicos, en
correspondencia con la vida en nuestra sociedad
socialista.

Las madres y los padres u otros parientes
consanguíneos o afines que cumplan funciones
de guarda y cuidado tienen el deber de
dar alimentos a niñas, niños y adolescentes,
respetar y garantizar el pleno ejercicio de sus
derechos, protegerlos de todos los tipos de violencia
y contribuir activamente al desarrollo
pleno de su personalidad.

Los hijos, a su vez, están obligados a respetar,
atender y proteger a sus madres, padres y

otros parientes, conforme con lo establecido
en la ley.

ARTÍCULO 85. La violencia familiar, en
cualquiera de sus manifestaciones, se considera
destructiva de las personas implicadas, de las
familias y de la sociedad, y es sancionada por
la ley.

ARTÍCULO 86. El Estado, la sociedad y
las familias brindan especial protección a las
niñas, niños y adolescentes y garantizan su
desarrollo armónico e integral para lo cual
tienen en cuenta su interés superior en las
decisiones y actos que les conciernan.

Las niñas, niños y adolescentes son considerados
plenos sujetos de derechos y gozan
de aquellos reconocidos en esta Constitución,
además de los propios de su especial condición
de persona en desarrollo. Son protegidos contra
todo tipo de violencia.

ARTÍCULO 87. El Estado, la sociedad y las familias
reconocen a las personas jóvenes como activos
participantes en la sociedad, a tales efectos
crean las condiciones para el pleno ejercicio de
sus derechos y su desarrollo integral.

ARTÍCULO 88. El Estado, la sociedad y las
familias, en lo que a cada uno corresponde,
tienen la obligación de proteger, asistir y facilitar
las condiciones para satisfacer las necesidades
y elevar la calidad de vida de las personas
adultas mayores. De igual forma, respetar
su autodeterminación, garantizar el ejercicio
pleno de sus derechos y promover su integración
y participación social.

ARTÍCULO 89. El Estado, la sociedad y las
familias tienen la obligación de proteger, promover
y asegurar el pleno ejercicio de los derechos
de las personas en situación de discapacidad.
El Estado crea las condiciones requeridas
para su rehabilitación o el mejoramiento de su
calidad de vida, su autonomía personal, su inclusión
y participación social.

CAPÍTULO IV
DEBERES

ARTÍCULO 90. El ejercicio de los derechos y
libertades previstos en esta Constitución implican
responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos
cubanos, además de los otros establecidos
en esta Constitución y las leyes:

a) servir y defender la patria;
b) cumplir la Constitución y demás normas
jurídicas;
c) respetar y proteger los símbolos patrios;
d) contribuir a la financiación de los gastos públicos
en la forma establecida por la ley;
e) guardar el debido respeto a las autoridades
y sus agentes;
f) prestar servicio militar y social de acuerdo
con la ley;
g) respetar los derechos ajenos y no abusar de
los propios;
h) conservar, proteger y usar racionalmente los
bienes y recursos que el Estado y la sociedad
ponen al servicio de todo el pueblo;
i) cumplir los requerimientos establecidos
para la protección de la salud y la higiene
ambiental;
j) proteger los recursos naturales, la flora y la
fauna y velar por la conservación de un medio
ambiente sano;
k) proteger el patrimonio cultural e histórico
del país, y

l) actuar, en sus relaciones con las personas,
conforme al principio de solidaridad humana,
respeto y observancia de las normas de
convivencia social.
CAPÍTULO V
DERECHOS Y DEBERES
DE LOS EXTRANJEROS

ARTÍCULO 91. Los extranjeros residentes
en el territorio de la República se equiparan a
los cubanos:

a) en la protección de sus personas y bienes;
b) en la obligación de observar la Constitución
y demás normas jurídicas;
c) en la obligación de contribuir a la financiación
de los gastos públicos en la forma y la
cuantía que la ley establece;
d) en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones
de los tribunales de justicia y autoridades
de la República, y
e) en el disfrute de los derechos y el cumplimiento
de los deberes reconocidos en esta
Constitución, bajo las condiciones y con las
limitaciones que la ley fija.
La ley establece los casos y la forma en que los
extranjeros pueden ser expulsados del territorio
nacional y las autoridades facultadas para
decidirlo.

CAPÍTULO VI
GARANTÍAS DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO 92. El Estado garantiza, de conformidad
con la ley, que las personas puedan
acceder a los órganos judiciales a fin de obtener
una tutela efectiva de sus derechos e intereses
legítimos. Las decisiones judiciales son
de obligatorio cumplimiento y su irrespeto deriva
responsabilidad para quien las incumpla.

ARTÍCULO 93. El Estado reconoce el derecho
de las personas a resolver sus controversias
utilizando métodos alternos de solución
de conflictos, de conformidad con la Constitución
y las normas jurídicas que se establezcan
a tales efectos.

ARTÍCULO 94. Toda persona, como garantía
a su seguridad jurídica, disfruta de un debido
proceso tanto en el ámbito judicial como
en el administrativo y, en consecuencia, goza
de los derechos siguientes:

a) disfrutar de igualdad de oportunidades en
todos los procesos en que interviene como
parte;
b) recibir asistencia jurídica para ejercer sus
derechos en todos los procesos en que interviene;
c) aportar los medios de prueba pertinentes y
solicitar la exclusión de aquellos que hayan
sido obtenidos violando lo establecido;
d) acceder a un tribunal competente, independiente
e imparcial, en los casos que
corresponda;
e) no ser privada de sus derechos sino por resolución
fundada de autoridad competente
o sentencia firme de tribunal;
f) interponer los recursos o procedimientos
pertinentes contra las resoluciones judiciales
o administrativas que correspondan;
g) tener un proceso sin dilaciones indebidas, y
h) obtener reparación por los daños materiales
y morales e indemnización por los perjuicios
que reciba.
ARTÍCULO 95. En el proceso penal las personas
tienen, además, las siguientes garantías:

a) no ser privada de libertad sino por autoridad
competente y por el tiempo legalmente
establecido;
b) disponer de asistencia letrada desde el inicio
del proceso;
c) que se le presuma inocente hasta tanto se
dicte sentencia firme en su contra;
d) ser tratada con respeto a su dignidad e integridad
física, psíquica y moral, y a no ser
víctima de violencia y coacción de clase alguna
para forzarla a declarar;
e) no declarar contra sí misma, su cónyuge,
pareja de hecho o parientes hasta el cuarto
grado de consanguinidad y segundo de
afinidad;
f) ser informada sobre la imputación en su
contra;
g) ser juzgada por un tribunal preestablecido
legalmente y en virtud de leyes anteriores
al delito;
h) comunicarse con sus familiares o personas
allegadas, con inmediatez, en caso de ser
detenida o arrestada; si se tratara de extranjeros
se procede a la notificación consular,
y
i) de resultar víctima, a disfrutar de protección
para el ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 96. Quien estuviere privado de
libertad ilegalmente tiene derecho, por sí o a
través de tercero, a establecer ante tribunal
competente procedimiento de Habeas Corpus,
conforme a las exigencias establecidas en
la ley.

ARTÍCULO 97. Se reconoce el derecho de
toda persona de acceder a sus datos persona-
les en registros, archivos u otras bases de datos
e información de carácter público, así como a
interesar su no divulgación y obtener su debida
corrección, rectificación, modificación, actualización
o cancelación.

El uso y tratamiento de estos datos se realiza
de conformidad con lo establecido en la ley.

ARTÍCULO 98. Toda persona que sufriere
daño o perjuicio causado indebidamente por
directivos, funcionarios y empleados del Estado
con motivo del ejercicio de las funciones
propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar
y obtener la correspondiente reparación o indemnización
en la forma que establece la ley.

ARTÍCULO 99. La persona a la que se le
vulneren los derechos consagrados en esta
Constitución y, como consecuencia sufriere
daño o perjuicio por órganos del Estado,
sus directivos, funcionarios o empleados, con
motivo de la acción u omisión indebida de
sus funciones, así como por particulares o por
entes no estatales, tiene derecho a reclamar
ante los tribunales la restitución de los derechos
y obtener, de conformidad con la ley, la
correspondiente reparación o indemnización.

La ley establece aquellos derechos amparados
por esta garantía, y el procedimiento preferente,
expedito y concentrado para su cumplimiento.


ARTÍCULO 100. En el ordenamiento jurídico
rige el principio de irretroactividad
de las leyes, salvo en materia penal cuando
sean favorables a la persona encausada o
sancionada, y en las demás leyes, cuando así
lo dispongan expresamente, atendiendo a
razones de interés social o utilidad pública.

TÍTULO VI
ESTRUCTURA DEL ESTADO

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

ARTÍCULO 101. Los órganos del Estado se
integran y desarrollan su actividad sobre la
base de los principios de la democracia socialista
que se expresan en las reglas siguientes:

a) todos los órganos representativos de poder
del Estado son electivos y renovables;
b) el pueblo controla la actividad de los órganos
estatales, de sus directivos y funcionarios,
de los diputados y de los delegados, de
conformidad con lo previsto en la ley;
c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta
de su actuación periódicamente y pueden
ser revocados de sus cargos en cualquier
momento;
d) los órganos estatales de acuerdo a sus funciones
y en el marco de su competencia desarrollan
las iniciativas encaminadas al aprovechamiento
de los recursos y posibilidades locales
y la incorporación de las organizaciones de
masas y sociales a su actividad;
e) las disposiciones de los órganos estatales superiores
son obligatorias para los inferiores;
f) los órganos estatales inferiores responden
ante los superiores y les rinden cuenta de
su gestión;
g) la libertad de discusión, el ejercicio de la
crítica y la autocrítica y la subordinación de
la minoría a la mayoría rigen en todos los
órganos estatales colegiados, y
h) los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios
actúan con la debida transparencia.
CAPÍTULO II
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER
POPULAR Y CONSEJO DE ESTADO

SECCIÓN PRIMERA

ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER

POPULAR

ARTÍCULO 102. La Asamblea Nacional del
Poder Popular es el órgano supremo del poder
del Estado. Representa a todo el pueblo y expresa
su voluntad soberana.

ARTÍCULO 103. La Asamblea Nacional del
Poder Popular es el único órgano con potestad
constituyente y legislativa en la República.

ARTÍCULO 104. La Asamblea Nacional del
Poder Popular está integrada por diputados
elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto
de los electores, en la proporción y según el
procedimiento que determina la ley.

ARTÍCULO 105. La Asamblea Nacional del
Poder Popular es elegida por un período de
cinco años.

Este período solo podrá extenderse por la
propia Asamblea mediante acuerdo adoptado
por una mayoría no inferior a las dos terceras
partes del número total de sus integrantes, en
caso de circunstancias excepcionales que impidan
la celebración normal de las elecciones y
mientras subsistan tales circunstancias.

ARTÍCULO 106. La Asamblea Nacional
del Poder Popular, al constituirse para una
nueva legislatura, elige, de entre sus diputa



dos, a su Presidente, al Vicepresidente y al
Secretario.

La ley regula la forma y el procedimiento
mediante los cuales se constituye la Asamblea
y realiza esa elección.

ARTÍCULO 107. La Asamblea Nacional del
Poder Popular elige, de entre sus diputados, al
Consejo de Estado, órgano que la representa
entre uno y otro período de sesiones, ejecuta
sus acuerdos y cumple las demás funciones que
la Constitución y la ley le atribuyen.

ARTÍCULO 108. Corresponde a la Asamblea
Nacional del Poder Popular:

a) acordar reformas de la Constitución, conforme
a lo establecido en el Título XI;
b) dar a la Constitución y a las leyes, en caso
necesario, una interpretación general y
obligatoria, en correspondencia con el procedimiento
previsto en la ley;
c) aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas
previamente a la consulta popular
cuando lo estime procedente, en atención
a la índole de la legislación de que se trate;
d) adoptar acuerdos en correspondencia con las
leyes vigentes y controlar su cumplimiento;
e) ejercer el control de constitucionalidad sobre
las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones
generales, de conformidad con el procedimiento
previsto en la ley;
f) ratificar los decretos-leyes y acuerdos del
Consejo de Estado;
g) revocar total o parcialmente los decretos-leyes,
decretos presidenciales, decretos, acuerdos
o disposiciones generales que contradigan
la Constitución o las leyes;
h) revocar total o parcialmente los acuerdos
o disposiciones de las asambleas municipales
del Poder Popular que contravengan
la Constitución, las leyes, los decretos-leyes,
los decretos presidenciales, decretos y
demás disposiciones dictadas por órganos
competentes, o los que afecten los intereses
de otras localidades o los generales del país;
i) discutir y aprobar los objetivos generales y
metas de los planes a corto, mediano y largo
plazos, en función del desarrollo económico
y social;
j) aprobar los principios del sistema de
dirección del desarrollo económico y social;
k) discutir y aprobar el presupuesto del Estado
y controlar su cumplimiento;
l) acordar los sistemas monetario, financiero
y fiscal;
m)establecer, modificar o extinguir los tributos;

n) aprobar los lineamientos generales de la
política exterior e interior;
ñ) declarar el Estado de Guerra o la Guerra en
caso de agresión militar y aprobar los tratados
de paz;

o) establecer y modificar la división político-
administrativa; aprobar regímenes de
subordinación administrativa, sistemas de
regulación especiales a municipios u otras
demarcaciones territoriales y a los distritos
administrativos, conforme a lo establecido
en la Constitución y las leyes;
p) nombrar comisiones permanentes, temporales
y grupos parlamentarios de amistad;
q) ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos
del Estado;
r) conocer y evaluar los informes y análisis de
los sistemas empresariales estatales que,
por su magnitud y trascendencia económica
y social, sean pertinentes;

s) conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre
los informes de rendición de cuenta que le
presenten el Consejo de Estado, el Presidente
de la República, el Primer Ministro, el
Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo
Popular, la Fiscalía General de la República,
la Contraloría General de la República y los
organismos de la Administración Central del
Estado, así como los gobiernos provinciales;
t) crear o extinguir los organismos de la Administración
Central del Estado o disponer
cualquier otra medida organizativa que resulte
procedente;
u) conceder amnistías;
v) disponer la convocatoria a referendos o a
plebiscitos en los casos previstos en la Constitución
y en otros que la propia Asamblea
considere procedente;
w) acordar su reglamento y el del Consejo de
Estado, y
x) las demás atribuciones que le confiere esta
Constitución.
ARTÍCULO 109. La Asamblea Nacional del
Poder Popular, en ejercicio de sus atribuciones:


a) elige al Presidente y al Vicepresidente de la
República;
b) elige a su Presidente, Vicepresidente y Secretario;
c) elige a los integrantes del Consejo de Estado;
d) designa, a propuesta del Presidente de la
República, al Primer Ministro;
e) designa, a propuesta del Presidente de la
República, a los Viceprimeros Ministros y
demás miembros del Consejo de Ministros;
f) elige al Presidente del Tribunal Supremo
Popular, al Fiscal General de la República y
al Contralor General de la República;
g) elige al Presidente y a los demás integrantes
del Consejo Electoral Nacional;
h) elige a los vicepresidentes y a los magistrados
del Tribunal Supremo Popular, así
como a los jueces legos de esta instancia;
i) elige a los vicefiscales y vicecontralores generales
de la República, y
j) revoca o sustituye a las personas elegidas o
designadas por ella.
La ley regula el procedimiento para hacer
efectivas estas atribuciones.
ARTÍCULO 110. La Asamblea Nacional del
Poder Popular en su funcionamiento se rige
por los principios siguientes:

a) las leyes y acuerdos que emite, salvo las excepciones
previstas en la Constitución, se
adoptan por mayoría simple de votos;
b) se reúne en dos períodos ordinarios de sesiones
al año y en sesión extraordinaria
cuando la convoque el Consejo de Estado o
lo solicite la tercera parte de sus miembros.
En las sesiones extraordinarias se tratan los
asuntos que la motivaron;
c) para celebrar sus sesiones se requiere la
presencia de más de la mitad del número
total de los diputados que la integran, y
d) sus sesiones son públicas, excepto cuando
la propia Asamblea acuerde celebrarlas a
puertas cerradas por razón de interés de
Estado.
ARTÍCULO 111. Corresponde al Presidente
de la Asamblea Nacional del Poder Popular:

a) cumplir y velar por el respeto a la Constitución
y las leyes;
b) presidir las sesiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular y del Consejo de Estado;
c) convocar las sesiones ordinarias de la
Asamblea Nacional;
d) convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias
del Consejo de Estado;
e) proponer el proyecto de orden del día de
las sesiones de la Asamblea Nacional y del
Consejo de Estado;
f) firmar las leyes, decretos-leyes y acuerdos
adoptados por la Asamblea Nacional del
Poder Popular y el Consejo de Estado, según
corresponda, y disponer la publicación
de los decretos-leyes y acuerdos en la Gaceta
Oficial de la República;
g) dirigir las relaciones internacionales de la
Asamblea Nacional del Poder Popular;
h) dirigir y organizar la labor de las comisiones
permanentes y temporales que sean
creadas por la Asamblea Nacional del Po-
der Popular o el Consejo de Estado, según
corresponda;
i) dirigir y organizar las relaciones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular y del
Consejo de Estado con los órganos estatales;
j) controlar el cumplimiento de los acuerdos
de la Asamblea Nacional del Poder Popular
y del Consejo de Estado;
k) velar por el adecuado vínculo entre los diputados
y los electores, y
l) las demás atribuciones que por esta Constitución,
la Asamblea Nacional del Poder Popular
o el Consejo de Estado se le asignen.
ARTÍCULO 112. En caso de ausencia, enfermedad
o muerte del Presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, lo sustituye
en sus funciones el Vicepresidente, conforme
a lo establecido en la ley.

SECCIÓN SEGUNDA

DIPUTADOS Y COMISIONES

DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DEL PODER POPULAR

ARTÍCULO 113. Los diputados tienen el de-
ber de desarrollar sus labores en beneficio de
los intereses del pueblo, mantener vínculo con
sus electores, atender sus planteamientos, sugerencias,
críticas y explicarles la política del
Estado. Asimismo, rendirán cuenta del cumplimiento
de sus funciones como tal, según lo
establecido en la ley.

La Asamblea Nacional del Poder Popular
adopta las medidas que garanticen la adecuada
vinculación de los diputados con sus electores y
con los órganos locales del Poder Popular en el
territorio donde fueron elegidos.

ARTÍCULO 114. Ningún diputado puede ser
detenido ni sometido a proceso penal sin autorización
de la Asamblea Nacional del Poder Popular
o del Consejo de Estado si no está reunida
aquella, salvo en caso de delito flagrante.

ARTÍCULO 115. La condición de diputado no
entraña privilegios personales ni beneficios económicos.
Durante el tiempo que empleen en el
desempeño efectivo de sus funciones, los diputados
perciben la misma remuneración de su centro
de trabajo y mantienen el vínculo con este, a
los efectos pertinentes.


ARTÍCULO 116. A los diputados les puede
ser revocado su mandato en cualquier momento,
en la forma, por las causas y según los
procedimientos establecidos en la ley.

ARTÍCULO 117. Los diputados, en el curso
de las sesiones de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, tienen el derecho de hacer preguntas
al Consejo de Estado y al Consejo de
Ministros o a los miembros de uno y otro, y a
que estas les sean respondidas en el curso de la
misma o en la próxima sesión.

ARTÍCULO 118. La Asamblea Nacional del
Poder Popular para el mejor ejercicio de sus
funciones crea comisiones permanentes y
temporales integradas por diputados, conforme
a los principios de organización y funcionamiento
previstos en la ley.

ARTÍCULO 119. Los diputados y las comisiones
tienen el derecho de solicitar a los órganos
estatales o entidades la colaboración necesaria
para el cumplimiento de sus funciones, y
estos están en la obligación de prestarla en los
términos establecidos en la ley.

SECCIÓN TERCERA

CONSEJO DE ESTADO

ARTÍCULO 120. El Consejo de Estado tiene
carácter colegiado, es responsable ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde
cuenta de todas sus actividades.

Los decretos-leyes y acuerdos que adopte el
Consejo de Estado se someten a la ratificación de
la Asamblea Nacional en la sesión más próxima.

ARTÍCULO 121. El Presidente, el Vicepresidente
y el Secretario de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, lo son a su vez del Consejo
de Estado, el que está integrado por los demás
miembros que aquella decida.

No pueden integrar el Consejo de Estado
los miembros del Consejo de Ministros, ni las
máximas autoridades de los órganos judiciales,
electorales y de control estatal.

ARTÍCULO 122. Corresponde al Consejo de
Estado:

a) velar por el cumplimiento de la Constitución
y las leyes;
b) dar a las leyes vigentes, en caso necesario,
una interpretación general y obligatoria;
c) dictar decretos-leyes y acuerdos;
d) disponer la celebración de sesiones extraordinarias
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular;
e) convocar y acordar la fecha de las elecciones
para la renovación periódica de la Asamblea
Nacional del Poder Popular y de las
asambleas municipales del Poder Popular;
f) analizar los proyectos de leyes que se someten
a la consideración de la Asamblea Nacional
del Poder Popular;
g) exigir el cumplimiento de los acuerdos de la
Asamblea Nacional del Poder Popular;
h) suspender los decretos presidenciales, decretos,
acuerdos y demás disposiciones
que contradigan la Constitución y las leyes,
dando cuenta a la Asamblea Nacional
del Poder Popular en la primera sesión que
celebre después de acordada dicha suspensión;
i) suspender los acuerdos y disposiciones de
las asambleas municipales del Poder Popular
que no se ajusten a la Constitución o a
las leyes, los decretos-leyes, los decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones
dictadas por órganos competentes; o los que
afecten los intereses de otras localidades

o los generales del país, dando cuenta a la
Asamblea Nacional del Poder Popular en la
primera sesión que celebre después de acordada
dicha suspensión;
j) revocar o modificar los acuerdos y demás
disposiciones de los gobernadores y consejos
provinciales que contravengan la Constitución,
las leyes, los decretos-leyes, los decretos
presidenciales, decretos y demás disposiciones
dictadas por un órgano de superior
jerarquía, o cuando afecten los intereses de
otras localidades o los generales del país;
k) elegir, designar, suspender, revocar o sustituir,
entre uno y otro período de sesiones
de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
a quienes deban ocupar los cargos que
le corresponde a esta decidir, a excepción
del Presidente y Vicepresidente de la República,
el Presidente, Vicepresidente y Secretario
de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, a los integrantes del Consejo de
Estado y al Primer Ministro. Al Presidente
del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General
de la República, al Contralor General
de la República y al Presidente del Consejo
Electoral Nacional, solo los puede suspender
del ejercicio de sus responsabilidades.
En todos los casos, da cuenta a la Asamblea
Nacional del Poder Popular en su sesión más
próxima, a los efectos que corresponda;
l) asumir, a propuesta del Presidente de la
República, las facultades de declarar el Estado
de Guerra o la Guerra en caso de agresión
o concertar la paz, que la Constitución
atribuye a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, cuando esta se halle en receso y no
pueda ser convocada con la seguridad y urgencia
necesarias;
m)impartir instrucciones de carácter general a
los tribunales a través del Consejo de Gobierno
del Tribunal Supremo Popular;

n) crear comisiones;
ñ) ratificar y denunciar tratados internacionales;


o) designar y remover, a propuesta del Presidente
de la República, a los jefes de misiones
diplomáticas de Cuba ante otros
Estados, organismos u organizaciones internacionales;
p) ejercer el control y fiscalización de los órganos
del Estado;
q) durante los períodos que medien entre una
y otra sesión de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, crear o extinguir los organismos
de la Administración Central del
Estado o disponer cualquier otra medida
organizativa que resulte procedente;
r) aprobar las modalidades de inversión extranjera
que le corresponden;
s) examinar y aprobar, entre uno y otro período
de sesiones de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, los ajustes que sean necesarios
realizar al presupuesto del Estado;
t) coordinar y garantizar las actividades de los
diputados y de las comisiones permanentes
y temporales de trabajo de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, y
u) las demás atribuciones que le confieran la
Constitución y las leyes o le encomiende la
Asamblea Nacional del Poder Popular.
ARTÍCULO 123. Todas las decisiones del
Consejo de Estado son adoptadas por el voto
favorable de la mayoría simple de sus integrantes.


ARTÍCULO 124. El mandato confiado al
Consejo de Estado por la Asamblea Nacional
del Poder Popular expira al tomar posesión el
nuevo Consejo de Estado elegido en virtud de
las renovaciones periódicas de aquella.

CAPÍTULO III
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 125. El Presidente de la República
es el Jefe del Estado.

ARTÍCULO 126. El Presidente de la República
es elegido por la Asamblea Nacional del
Poder Popular de entre sus diputados, por un
período de cinco años, y le rinde cuenta a esta
de su gestión.

Para ser elegido Presidente de la República
se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta.


El Presidente de la República puede ejercer
su cargo hasta dos períodos consecutivos, luego
de lo cual no puede desempeñarlo nuevamente.


ARTÍCULO 127. Para ser Presidente de la
República se requiere haber cumplido treinta
y cinco años de edad, hallarse en pleno goce de
los derechos civiles y políticos, ser ciudadano
cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía.


Se exige además tener hasta sesenta años de
edad para ser elegido en este cargo en un primer
período.

ARTÍCULO 128. Corresponde al Presidente
de la República:

a) cumplir y velar por el respeto a la Constitución
y las leyes;
b) representar al Estado y dirigir su política
general;
c) dirigir la política exterior, las relaciones con
otros Estados y la relativa a la defensa y la
seguridad nacional;
d) refrendar las leyes que emita la Asamblea
Nacional del Poder Popular y disponer su
publicación en la Gaceta Oficial de la República,
de conformidad con lo previsto en
la ley;
e) presentar a la Asamblea Nacional del Poder
Popular, una vez elegido por esta, en esa sesión
o en la próxima, los miembros del Consejo
de Ministros;
f) proponer a la Asamblea Nacional del Po-
der Popular o al Consejo de Estado, según
corresponda, la elección, designación, suspensión,
revocación o sustitución en sus
funciones del Primer Ministro, del Presidente
del Tribunal Supremo Popular, del Fiscal
General de la República, del Contralor General
de la República, del Presidente del
Consejo Electoral Nacional y de los miembros
del Consejo de Ministros;
g) proponer a los delegados de las asambleas
municipales del Poder Popular que correspondan,
la elección o revocación de los
gobernadores y vicegobernadores provinciales;
h) conocer, evaluar y adoptar decisiones sobre
los informes de rendición de cuenta que le
presente el Primer Ministro sobre su ges

tión, la del Consejo de Ministros o la de su
Comité Ejecutivo;

i) desempeñar la Jefatura Suprema de las instituciones
armadas y determinar su organización
general;
j) presidir el Consejo de Defensa Nacional y
proponer a la Asamblea Nacional del Po-
der Popular o al Consejo de Estado, según
proceda, declarar el Estado de Guerra o la
Guerra en caso de agresión militar;
k) decretar la Movilización General cuando la
defensa del país lo exija, así como declarar
el Estado de Emergencia y la Situación de
Desastre, en los casos previstos en la Constitución,
dando cuenta de su decisión, tan
pronto las circunstancias lo permitan, a la
Asamblea Nacional del Poder Popular o al
Consejo de Estado, de no poder reunirse
aquella, a los efectos legales procedentes;
l) ascender en grado y cargo a los oficiales de
mayor jerarquía de las instituciones armadas
de la nación y disponer el cese de estos,
de conformidad con el procedimiento previsto
en la ley;
m) decidir, en los casos que le corresponda,
el otorgamiento de la ciudadanía cubana,
aceptar las renuncias y disponer sobre
la privación de esta;
n) proponer, de conformidad con lo previsto en
la Constitución y la ley, la suspensión, modificación
o revocación de las disposiciones y
acuerdos de los órganos del Estado que contradigan
la Constitución, las leyes o afecten
los intereses generales del país;
ñ) dictar, en el ejercicio de sus atribuciones, decretos
presidenciales y otras disposiciones;

o) crear comisiones o grupos de trabajo temporales
para la realización de tareas específicas;
p) proponer al Consejo de Estado la designación
o remoción de los jefes de misiones diplomáticas
de Cuba ante otros Estados, organismos
u organizaciones internacionales;
q) conceder o retirar el rango de embajador de
la República de Cuba;
r) otorgar condecoraciones y títulos honoríficos;
s) otorgar o negar, en representación de la República
de Cuba, el beneplácito a los jefes de
misiones diplomáticas de otros Estados;
t) recibir las cartas credenciales de los jefes de
las misiones extranjeras. El Vicepresidente
podrá asumir esta función excepcionalmente;
u) conceder indultos y solicitar a la Asamblea
Nacional del Poder Popular la concesión de
amnistías;
v) participar por derecho propio en las reuniones
del Consejo de Estado y convocarlas
cuando lo considere;
w) presidir las reuniones del Consejo de Ministros
o su Comité Ejecutivo, y
x) las demás atribuciones que por la Constitución
o las leyes se le asignen.
ARTÍCULO 129. Para ser Vicepresidente de la
República se requiere haber cumplido treinta y
cinco años de edad, hallarse en pleno goce de los
derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano
por nacimiento y no tener otra ciudadanía.

Es elegido de la misma forma, por igual período
y limitación de mandato que el Presidente
de la República.

ARTÍCULO 130. El Vicepresidente de la
República cumple las atribuciones que le sean

delegadas o asignadas por el Presidente de la
República.

ARTÍCULO 131. En caso de ausencia, enfermedad
o muerte del Presidente de la República,
lo sustituye temporalmente en sus funciones
el Vicepresidente.

Cuando la ausencia es definitiva, la Asamblea
Nacional del Poder Popular elige al nuevo
Presidente de la República.

Cuando quede vacante el cargo de Vicepresidente
de la República, la Asamblea Nacional
del Poder Popular elige a su sustituto.

Si la ausencia es definitiva, tanto del Presidente
como del Vicepresidente de la República,
la Asamblea Nacional del Poder Popular elige
a sus sustitutos. Hasta tanto se realice la elección,
el Presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular asume interinamente el cargo de
Presidente de la República.

La ley regula el procedimiento para su cumplimiento.


ARTÍCULO 132. El Presidente y Vicepresidente
de la República se mantienen en sus
cargos hasta la elección de sus sucesores por la
Asamblea Nacional del Poder Popular.

CAPÍTULO IV
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJO DE MINISTROS

ARTÍCULO 133. El Consejo de Ministros es
el máximo órgano ejecutivo y administrativo y
constituye el Gobierno de la República.

ARTÍCULO 134. El Consejo de Ministros está
integrado por el Primer Ministro, los Viceprimeros
Ministros, los Ministros, el Secretario y los
otros miembros que determine la ley.

En las sesiones del Consejo de Ministros participa,
por derecho propio, el Secretario General
de la Central de Trabajadores de Cuba.

ARTÍCULO 135. El Primer Ministro, los
Viceprimeros Ministros, el Secretario y otros
miembros del Consejo de Ministros que determine
el Presidente de la República, integran
su Comité Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo puede decidir sobre las
cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros,
durante los períodos que medien entre una y
otra de sus reuniones.

ARTÍCULO 136. El Consejo de Ministros es
responsable y periódicamente rinde cuenta de
sus actividades ante la Asamblea Nacional del
Poder Popular.

ARTÍCULO 137. Corresponde al Consejo de
Ministros:

a) cumplir y velar por el cumplimiento de la
Constitución y las leyes;
b) organizar y dirigir la ejecución de las actividades
políticas, económicas, culturales,
científicas, sociales y de la defensa acordadas
por la Asamblea Nacional del Poder Popular;
c) proponer los objetivos generales y metas
para la elaboración de los planes a corto,
mediano y largo plazos en función del desarrollo
económico y social del Estado, y
una vez aprobados por la Asamblea Nacional
del Poder Popular, organizar, dirigir y
controlar su ejecución;
d) aprobar y someter a la ratificación del Consejo
de Estado los tratados internacionales;
e) dirigir y controlar el comercio exterior y la
inversión extranjera;
f) elaborar el proyecto de Presupuesto del Estado
y, una vez aprobado por la Asamblea
Nacional del Poder Popular, velar por su
ejecución;
g) implementar y exigir el cumplimiento de
los objetivos aprobados para fortalecer los
sistemas monetario, financiero y fiscal;
h) elaborar proyectos legislativos y someterlos
a la consideración de la Asamblea Nacional
del Poder Popular o del Consejo de Estado,
según proceda;
i) proveer a la defensa nacional, al mantenimiento
de la seguridad y orden interior, y
a la protección de los derechos ciudadanos,
así como a la salvaguarda de vidas y bienes
en caso de desastres;
j) dirigir la administración del Estado, así como
unificar, coordinar y fiscalizar la actividad de
los organismos de la Administración Central
del Estado, de las entidades nacionales y de
las administraciones locales;
k) evaluar y adoptar decisiones sobre los informes
de rendición de cuenta que le presenten
los gobernadores provinciales;
l) crear, modificar o extinguir entidades subordinadas
o adscriptas al Consejo de Ministros
y, en lo que le corresponda, a los organismos
de la Administración Central del
Estado;
m)orientar y controlar la gestión de los gobernadores
provinciales;

n) aprobar o autorizar las modalidades de inversión
extranjera que le correspondan;
ñ) ejecutar las leyes y acuerdos de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, así como los decretos-
leyes y disposiciones del Consejo de
Estado, los decretos presidenciales y, en caso
necesario, reglamentar lo que corresponda;

o) dictar decretos y acuerdos sobre la base y
en cumplimiento de las leyes vigentes y
controlar su ejecución;
p) proponer al Consejo de Estado la suspensión
de los acuerdos de las asambleas municipales
del Poder Popular que contravengan las
leyes y demás disposiciones vigentes, o que
afecten los intereses de otras comunidades o
los generales del país;
q) suspender los acuerdos y demás disposiciones
de los consejos provinciales y de los consejos
de la administración municipal que no
se ajusten a la Constitución, las leyes, decretos-
leyes, decretos presidenciales, decretos y
demás disposiciones de los órganos superiores,
o cuando afecten los intereses de otras
localidades o los generales del país, dando
cuenta al Consejo de Estado o a la Asamblea
Municipal del Poder Popular, a los efectos
que proceda según corresponda;
r) revocar total o parcialmente las disposiciones
que emitan los gobernadores provinciales,
cuando contravengan la Constitución,
las leyes, los decretos-leyes, decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones
dictadas por órganos competentes, o los
que afecten los intereses de otras localidades
o los generales del país;
s) revocar total o parcialmente las disposiciones
de los jefes de organismos de la Administración
Central del Estado, cuando
contravengan las normas superiores que les
sean de obligatorio cumplimiento;

t) crear las comisiones que estime necesarias
para facilitar el cumplimiento de las tareas
que le están asignadas;
u) designar o sustituir a los directivos y funcionarios
de acuerdo con las facultades que
le confiere la ley;
v) someter a la aprobación de la Asamblea
Nacional del Poder Popular o del Consejo
de Estado su reglamento, y
w) las demás atribuciones que le confieran la
Constitución, las leyes o le encomiende la
Asamblea Nacional del Poder Popular o el
Consejo de Estado.
ARTÍCULO 138. El Consejo de Ministros
tiene carácter colegiado y sus decisiones son
adoptadas por el voto favorable de la mayoría
simple de sus integrantes.

ARTÍCULO 139. El Consejo de Ministros se
mantiene en funciones hasta tanto sea designado
el Gobierno en la nueva legislatura.

SECCIÓN SEGUNDA

PRIMER MINISTRO

ARTÍCULO 140. El Primer Ministro es el
Jefe de Gobierno de la República.

ARTÍCULO 141. El Primer Ministro es designado
por la Asamblea Nacional del Poder
Popular, a propuesta del Presidente de la República,
por un período de cinco años.

Para ser designado Primer Ministro se requiere
el voto favorable de la mayoría absoluta.

ARTÍCULO 142. El Primer Ministro es responsable
ante la Asamblea Nacional del Poder
Popular y ante el Presidente de la República, a
los cuales rinde cuenta e informa de su gestión,
de la del Consejo de Ministros o de su Comité
Ejecutivo, en las ocasiones que se le indique.

ARTÍCULO 143. Para ser Primer Ministro
se requiere ser diputado a la Asamblea Nacional
del Poder Popular, haber cumplido treinta
y cinco años de edad, hallarse en pleno goce de
los derechos civiles y políticos, ser ciudadano
cubano por nacimiento y no tener otra ciudadanía.


ARTÍCULO 144. Corresponde al Primer Ministro:


a) cumplir y velar por el respeto a la Constitución
y las leyes;
b) representar al Gobierno de la República;
c) convocar y dirigir las sesiones del Consejo
de Ministros o de su Comité Ejecutivo;
d) atender y controlar el desempeño de las actividades
de los organismos de la Administración
Central del Estado, de las entidades nacionales
y de las administraciones locales;
e) asumir, con carácter excepcional y temporalmente,
la dirección de cualquier organismo
de la Administración Central del
Estado;
f) solicitar al Presidente de la República que
interese a los órganos pertinentes la sustitución
de los integrantes del Consejo de
Ministros y, en cada caso, proponer los sustitutos
correspondientes;
g) ejercer el control sobre la labor de los jefes
de los organismos de la Administración
Central del Estado;
h) impartir instrucciones a los gobernadores
provinciales y controlar su ejecución;
i) adoptar de forma excepcional decisiones
sobre los asuntos ejecutivo-administrativos
competencia del Consejo de Ministros,
cuando el carácter apremiante de la situación
o el tema a solucionar lo exijan, informándole
posteriormente a ese órgano o a
su Comité Ejecutivo;

j) designar o sustituir a los directivos y funcionarios,
de acuerdo con las facultades que
le confiere la ley;
k) firmar las disposiciones legales adoptadas
por el Consejo de Ministros o por su Comité
Ejecutivo y disponer su publicación en la
Gaceta Oficial de la República;
l) crear comisiones o grupos de trabajo temporales
para la realización de tareas específicas,
y
m)cualquier otra atribución que le asignen la
Constitución y las leyes.

SECCIÓN TERCERA

MIEMBROS DEL CONSEJO DE MINISTROS

ARTÍCULO 145. Corresponde a los miembros
del Consejo de Ministros:

a) representar al Consejo de Ministros o a su
Primer Ministro en las circunstancias que
así se disponga;
b) cumplir los acuerdos y demás disposiciones
del Consejo de Ministros y su Comité Ejecutivo
que les correspondan e informar al
respecto al Primer Ministro;
c) cumplir con las tareas que les asigne el Primer
Ministro y ejercer las atribuciones que,
en cada caso, este les delegue;
d) dirigir los asuntos y tareas del ministerio u
organismo a su cargo, dictando las resoluciones
y disposiciones necesarias;
e) dictar, cuando no sea atribución expresa de
otro órgano estatal, las disposiciones que se
requieran para la ejecución y aplicación de
las leyes, decretos-leyes y otras disposiciones
que les conciernen;
f) asistir a las sesiones del Consejo de Ministros,
con voz y voto, y presentar a este proyectos
de leyes, decretos-leyes, decretos,
resoluciones, acuerdos o cualquier otra proposición
que estimen conveniente;
g) designar o sustituir a los directivos y funcionarios
de acuerdo con las facultades que
les confiere la ley, y
h) cualquier otra atribución que les asignen la
Constitución y las leyes.
SECCIÓN CUARTA

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

DEL ESTADO

ARTÍCULO 146. El número, denominación,
misión y funciones de los ministerios y demás
organismos que forman parte de la Administración
Central del Estado son determinados
por la ley.

CAPÍTULO V
TRIBUNALES DE JUSTICIA

ARTÍCULO 147. La función de impartir justicia
dimana del pueblo y es ejercida a nombre
de este por el Tribunal Supremo Popular y los
demás tribunales que la ley instituye.

La ley establece los principales objetivos de
la actividad judicial y regula la organización
de los tribunales; la jurisdicción y la extensión
de su competencia; la forma en que se constituyen
para los actos de impartir justicia; la

participación de los jueces legos; los requisitos
que deben reunir los magistrados del Tribunal
Supremo Popular y demás jueces; la forma de
elección de estos y las causas y procedimientos
para la revocación o cese en el ejercicio de sus
funciones.

ARTÍCULO 148. Los tribunales constituyen
un sistema de órganos estatales, estructurados
con independencia funcional de cualquier otro.

El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima
autoridad judicial y sus decisiones son definitivas.


A través de su Consejo de Gobierno ejerce la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria,
toma decisiones y dicta normas de obligado
cumplimiento por todos los tribunales y, sobre
la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones
de carácter obligatorio para establecer
una práctica judicial uniforme en la interpretación
y aplicación de la ley.

ARTÍCULO 149. Los magistrados y jueces legos
del Tribunal Supremo Popular son elegidos
por la Asamblea Nacional del Poder Popular o,
en su caso, por el Consejo de Estado.

La ley determina la elección de los demás
jueces.

ARTÍCULO 150. Los magistrados y jueces, en
su función de impartir justicia, son independientes
y no deben obediencia más que a la ley.

Asimismo, son inamovibles en su condición
mientras no concurran causas legales para el
cese o revocación en sus funciones.

ARTÍCULO 151. Las sentencias y demás resoluciones
firmes de los tribunales, dictadas
dentro de los límites de su competencia, son de
obligatorio cumplimiento por los órganos del
Estado, las entidades y los ciudadanos, tanto
por los directamente afectados por ellos como
por los que no teniendo interés directo en su
ejecución tengan que intervenir en esta.

ARTÍCULO 152. En los actos judiciales que
participen jueces legos, estos tienen iguales derechos
y deberes que los jueces profesionales.
El desempeño de sus funciones judiciales, dada
su importancia social, tiene prioridad con respecto
a su ocupación laboral habitual.

ARTÍCULO 153. En todos los tribunales las
audiencias son públicas, a menos que razones
de seguridad estatal, moralidad, orden público

o el respeto a la persona agraviada por el de-
lito o a sus familiares, aconsejen celebrarlas a
puertas cerradas.
ARTÍCULO 154. El Tribunal Supremo Popular
rinde cuenta ante la Asamblea Nacional
del Poder Popular de los resultados de su
trabajo en la forma y con la periodicidad que
establece la ley.

ARTÍCULO 155. La facultad de revocación
de los magistrados y jueces corresponde al órgano
que los elige.

CAPÍTULO VI
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 156. La Fiscalía General de la
República es el órgano del Estado que tiene
como misión fundamental ejercer el control
de la investigación penal y el ejercicio de la
acción penal pública en representación del
Estado, así como velar por el estricto cumplimiento
de la Constitución, las leyes y demás
disposiciones legales por los órganos del Estado,
las entidades y por los ciudadanos.


La ley determina los demás objetivos y funciones,
así como la forma, extensión y oportunidad
en que la Fiscalía ejerce sus facultades.

ARTÍCULO 157. La Fiscalía General de la
República constituye una unidad orgánica
indivisible y con independencia funcional, subordinada
al Presidente de la República.

Al Fiscal General de la República corresponde
la dirección y reglamentación de la actividad de
la Fiscalía en todo el territorio nacional.

Los órganos de la Fiscalía se organizan verticalmente
en toda la nación, están subordinados
solamente a la Fiscalía General de la República
y son independientes de todo órgano local.

ARTÍCULO 158. El Fiscal General de la República
y los vicefiscales generales son elegidos
y pueden ser revocados, según corresponda, por
la Asamblea Nacional del Poder Popular, o en su
caso por el Consejo de Estado.

ARTÍCULO 159. La Fiscalía General de la República
rinde cuenta de su gestión ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular en la forma y
con la periodicidad que establece la ley.

CAPÍTULO VII
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ARTÍCULO 160. La Contraloría General de
la República es el órgano del Estado que tiene
como misión fundamental velar por la correcta
y transparente administración de los fondos
públicos y el control superior sobre la gestión
administrativa.

La ley regula las demás funciones y aspectos
relativos a su actuación.

ARTÍCULO 161. La Contraloría General de
la República tiene independencia funcional
respecto a cualquier otro órgano, está estructurada
verticalmente en todo el país y se subordina
al Presidente de la República.

El Contralor General de la República es su
máxima autoridad y le corresponde la dirección
y reglamentación de la actividad de la
Contraloría en todo el territorio nacional.

ARTÍCULO 162. La Contraloría General de
la República rinde cuenta de su gestión ante la
Asamblea Nacional del Poder Popular en la forma
y periodicidad prevista en la ley.

ARTÍCULO 163. El Contralor General de la
República y los vicecontralores generales son
elegidos o revocados, según corresponda, por
la Asamblea Nacional del Poder Popular o el
Consejo de Estado.

CAPÍTULO VIII
DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS

SECCIÓN PRIMERA

DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA

ARTÍCULO 164. La iniciativa de las leyes
compete:

a) al Presidente de la República;
b) a los diputados de la Asamblea Nacional
del Poder Popular;
c) al Consejo de Estado;
d) al Consejo de Ministros;
e) a las comisiones de la Asamblea Nacional
del Poder Popular;
f) al Consejo Nacional de la Central de Trabajadores
de Cuba y a las direcciones nacionales
de las demás organizaciones de masas y
sociales;
g) al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo
Popular, en materia relativa a la administración
de justicia;
h) a la Fiscalía General de la República, en
materia de su competencia;
i) a la Contraloría General de la República, en
materia de su competencia;
j) al Consejo Electoral Nacional, en materia
electoral, y
k) a los ciudadanos. En este caso será requisito
indispensable que ejerciten la iniciativa
como mínimo diez mil electores.
La ley establece el procedimiento para hacer
efectivo su ejercicio.

SECCIÓN SEGUNDA

DE LA ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN

Y ENTRADA EN VIGOR

ARTÍCULO 165. Las leyes y decretos-leyes
que emitan la Asamblea Nacional del Poder
Popular o el Consejo de Estado, según corresponda,
entran en vigor en la fecha que, en cada
caso, determine la propia disposición normativa.


Las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales,
decretos, resoluciones y demás disposiciones
de interés general que se emitan por los
órganos competentes se publican en la Gaceta
Oficial de la República.

La ley establece el procedimiento para la elaboración,
publicación y entrada en vigor de las
disposiciones normativas.

TÍTULO VII
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
DEL ESTADO

ARTÍCULO 166. El territorio nacional, para
los fines político-administrativos, se divide en
provincias y municipios; su número, límites y
denominación se establecen en la ley.

La ley podrá establecer otras divisiones y
atribuir regímenes de subordinación administrativa
y sistemas de regulación especiales
a municipios u otras demarcaciones territoriales
que se determine, atendiendo a su ubicación
geográfica o importancia económica y
social. En todos los casos se garantiza la representación
del pueblo por medio de los órganos
del Poder Popular.

En los municipios pueden organizarse distritos
administrativos, de acuerdo con la ley.

ARTÍCULO 167. La provincia tiene personalidad
jurídica propia a todos los efectos legales
y se organiza por la ley como nivel intermedio
entre las estructuras centrales del Estado
y los municipios, con una extensión superficial
equivalente a la del conjunto de municipios
comprendidos en su demarcación territorial,
bajo la dirección del Gobierno Provincial del
Poder Popular.

ARTÍCULO 168. El municipio es la sociedad
local, organizada por la ley, que constituye la
unidad política-administrativa primaria y fundamental
de la organización nacional; goza de autonomía
y personalidad jurídica propias a todos
los efectos legales, con una extensión territorial
determinada por necesarias relaciones de vecindad,
económicas y sociales de su población e
intereses de la nación, con el propósito de lograr
la satisfacción de las necesidades locales. Cuenta
con ingresos propios y las asignaciones que

recibe del Gobierno de la República, en función
del desarrollo económico y social de su territorio
y otros fines del Estado, bajo la dirección de la
Asamblea Municipal del Poder Popular.

ARTÍCULO 169. La autonomía del municipio
comprende la elección o designación de
sus autoridades, la facultad para decidir sobre
la utilización de sus recursos y el ejercicio
de las competencias que le corresponden, así
como dictar acuerdos y disposiciones normativas
necesarias para el ejercicio de sus facultades,
según lo dispuesto en la Constitución y
las leyes.

La autonomía se ejerce de conformidad con
los principios de solidaridad, coordinación y
colaboración con el resto de los territorios del
país, y sin detrimento de los intereses superiores
de la nación.

TÍTULO VIII
ÓRGANOS LOCALES
DEL PODER POPULAR

CAPÍTULO I
GOBIERNO PROVINCIAL
DEL PODER POPULAR

SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 170. En cada provincia rige un
Gobierno Provincial del Poder Popular que
funciona en estrecha vinculación con el pueblo,
conformado por un Gobernador y un Consejo
Provincial.

ARTÍCULO 171. El Gobierno Provincial del
Poder Popular representa al Estado y tiene
como misión fundamental el desarrollo económico
y social de su territorio, conforme a
los objetivos generales del país, y actúa como
coordinador entre las estructuras centrales del
Estado y los municipios, para lo cual contribuye
a la armonización de los intereses propios
de la provincia y sus municipios, y ejerce
las atribuciones y funciones reconocidas en la
Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 172. El Gobierno Provincial del
Poder Popular coadyuva al desarrollo de las actividades
y al cumplimiento de los planes de las
entidades establecidas en su territorio que no le
estén subordinadas, conforme a lo dispuesto en
la Constitución y las leyes.

ARTÍCULO 173. El Gobierno Provincial del
Poder Popular en el ejercicio de sus funciones
y atribuciones no puede asumir ni interferir en
las que, por la Constitución y las leyes, se les
confieren a los órganos municipales del Poder
Popular.

SECCIÓN SEGUNDA

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

PROVINCIAL

ARTÍCULO 174. El Gobernador es el máximo
responsable ejecutivo-administrativo en
su provincia.

ARTÍCULO 175. El Gobernador es elegido
por los delegados de las asambleas municipales
del Poder Popular correspondientes, a propuesta
del Presidente de la República, por el período
de cinco años y de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley.


ARTÍCULO 176. Para ser Gobernador se requiere
ser ciudadano cubano por nacimiento
y no tener otra ciudadanía, haber cumplido
treinta años de edad, residir en la provincia y
hallarse en el pleno goce de los derechos civiles
y políticos.

ARTÍCULO 177. El Gobernador es responsable
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular,
el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros
y el Consejo Provincial, a los que les rinde cuenta
e informa de su gestión, en la oportunidad y sobre
los temas que le soliciten.

ARTÍCULO 178. El Gobernador organiza
y dirige la Administración Provincial para lo
cual se asiste de la entidad administrativa correspondiente.


La ley determina la creación, estructura y
funcionamiento de la Administración Provincial,
así como sus relaciones con los órganos
nacionales y municipales del Poder Popular.

ARTÍCULO 179. Corresponde al Gobernador:


a) cumplir y hacer cumplir, en lo que le concierne,
la Constitución y las leyes;
b) convocar y presidir las reuniones del Consejo
Provincial;
c) dirigir, coordinar y controlar la labor de las
estructuras organizativas de la Administración
Provincial y, en el marco de su competencia,
dictar disposiciones normativas y adoptar
las decisiones que correspondan;
d) exigir y controlar el cumplimiento del plan
de la economía y la ejecución del presupuesto
de la provincia, conforme a la política
acordada por los órganos nacionales
competentes;
e) exigir y controlar el cumplimiento de los
planes de desarrollo y de ordenamiento territorial
y urbano;
f) designar y sustituir a los directivos y funcionarios
de la Administración Provincial, y someter
a la ratificación del Consejo Provincial
aquellos casos previstos por la ley;
g) presentar al Consejo de Ministros, previo
acuerdo del Consejo Provincial, las propuestas
de políticas que contribuyan al desarrollo
integral de la provincia;
h) poner en conocimiento del Consejo de Ministros,
previo acuerdo del Consejo Provincial,
aquellas decisiones de los órganos de
superior jerarquía que afecten los intereses
de la comunidad o considere extralimitan
las facultades de quien las adoptó;
i) suspender los acuerdos y disposiciones de
los consejos de la Administración Munici-
pal, que no se ajusten a la Constitución, las
leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales,
decretos y demás disposiciones de los
órganos del Estado, o cuando afecten los
intereses de otras localidades o los generales
del país, dando cuenta a la respectiva
Asamblea Municipal del Poder Popular en
la primera sesión que celebre después de
dicha suspensión;
j) revocar o modificar las disposiciones que
sean adoptadas por las autoridades administrativas
provinciales a él subordinadas,
que contravengan la Constitución, las leyes
y demás disposiciones vigentes, o que afecten
los intereses de otras comunidades o los
generales del país;
k) crear comisiones o grupos temporales de
trabajo;
l) disponer la publicación de los acuerdos del
Consejo Provincial de interés general y controlar
su ejecución; y
m)las demás atribuciones que por esta Constitución
o las leyes se le asignen.

ARTÍCULO 180. El Vicegobernador es elegido
en la misma forma, por igual período y
se le exigen los mismos requisitos que al Gobernador.


ARTÍCULO 181. El Vicegobernador cumple
las atribuciones que le delegue o asigne el Gobernador.


Asimismo, sustituye al Gobernador en caso
de ausencia, enfermedad o muerte, conforme
al procedimiento previsto en la ley.

SECCIÓN TERCERA

CONSEJO PROVINCIAL

ARTÍCULO 182. El Consejo Provincial es el
órgano colegiado y deliberativo que cumple
las funciones previstas en esta Constitución y
las leyes.

Sus decisiones son adoptadas por el voto favorable
de la mayoría simple de sus integrantes.

El Consejo Provincial es presidido por el Gobernador
e integrado por el Vicegobernador,
los presidentes y vicepresidentes de las asambleas
locales del Poder Popular correspondientes
y los intendentes municipales.

ARTÍCULO 183. El Consejo Provincial celebra
sus reuniones ordinarias con la periodicidad
que fija la ley, y las extraordinarias cuando
las convoque el Gobernador o las soliciten más
de la mitad de sus integrantes.

ARTÍCULO 184. Corresponde al Consejo
Provincial:

a) cumplir y hacer cumplir, en lo que le concierne,
la Constitución, las leyes y demás
disposiciones de carácter general, así como
sus acuerdos;
b) aprobar y controlar, en lo que le corresponda,
el plan de la economía y el presupuesto
de la provincia;
c) adoptar acuerdos en el marco de la Constitución
y las leyes;
d) orientar y coordinar en el territorio las
actividades políticas, económicas, culturales,
científicas, sociales, de la defensa
y el orden interior, que por el Estado se
dispongan;
e) evaluar los resultados de la gestión de las
administraciones municipales y aprobar las
acciones a realizar;
f) aprobar las propuestas de políticas que
contribuyen al desarrollo integral de la provincia,
antes de su presentación al Consejo
de Ministros;
g) pronunciarse, a solicitud del Gobernador,
sobre aquellas decisiones de los órganos
competentes que afectan los intereses de la
comunidad o considere extralimitan la facultad
de quien las adoptó;
h) analizar periódicamente la atención brindada
por las entidades radicadas en su territorio a
los planteamientos de los electores y las quejas
y peticiones de la población;
i) hacer recomendaciones al Gobernador sobre
su informe de rendición de cuenta y
otros temas que este le consulte;
j) proponer al Consejo de Estado la suspensión
de los acuerdos o disposiciones de las
asambleas municipales del Poder Popular
de su demarcación, cuando contravengan
las normas legales superiores o afecten los
intereses de la comunidad;

k) proponer a la Asamblea Nacional del Poder
Popular la revocación o modificación de los
acuerdos o disposiciones de las asambleas
municipales del Poder Popular de su demarcación,
cuando contravengan las nor-
mas legales superiores o afecten los intereses
de la comunidad;
l) crear comisiones o grupos temporales de
trabajo, y
m)las demás atribuciones que la Constitución o
las leyes le asignen.

CAPÍTULO II
ÓRGANOS MUNICIPALES DEL PODER
POPULAR

SECCIÓN PRIMERA

ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER

POPULAR

ARTÍCULO 185. La Asamblea Municipal del
Poder Popular es el órgano superior del poder
del Estado en su demarcación y, en consecuencia,
está investida de la más alta autoridad en
su territorio; para ello, dentro del marco de
su competencia, ejerce las atribuciones que la
Constitución y las leyes le asignan.

ARTÍCULO 186. La Asamblea Municipal
del Poder Popular está integrada por los delegados
elegidos en cada circunscripción en que
a los efectos electorales se divide su territorio,
mediante el voto libre, igual, directo y secreto
de los electores.

ARTÍCULO 187. La Asamblea Municipal del
Poder Popular se renovará cada cinco años,
que es el período de duración del mandato de
sus delegados.

Dicho mandato solo podrá extenderse por
decisión de la Asamblea Nacional del Po-
der Popular, en los supuestos previstos en la
Constitución.

ARTÍCULO 188. La Asamblea Municipal
del Poder Popular, al constituirse, elige de entre
sus delegados a su Presidente y Vicepresidente,
y designa a su Secretario, de conformidad
con los requisitos y el procedimiento
previsto en la ley.

El Presidente de la Asamblea Municipal del
Poder Popular representa al Estado en su demarcación
territorial.

La ley establece las atribuciones del Presidente,
del Vicepresidente y del Secretario de
la Asamblea Municipal del Poder Popular.

ARTÍCULO 189. Las sesiones ordinarias y
extraordinarias de la Asamblea Municipal del
Poder Popular son públicas, salvo en el caso
que esta acuerde celebrarlas a puertas cerradas,
por razón de interés de Estado o porque
se traten en ellas asuntos referidos al decoro
de las personas.

ARTÍCULO 190. En las sesiones de la Asamblea
Municipal del Poder Popular se requiere
para su validez la presencia de más de la mitad
del número total de sus integrantes. Sus acuerdos
se adoptan por mayoría simple de votos.

ARTÍCULO 191. Corresponde a la Asamblea
Municipal del Poder Popular:

a) cumplir y hacer cumplir la Constitución, las
leyes y demás disposiciones normativas de
carácter general;

b) aprobar y controlar, en lo que le corresponda,
el plan de la economía, el presupuesto
y el plan de desarrollo integral del
municipio;
c) aprobar el plan de ordenamiento territorial
y urbano, y controlar su cumplimiento;
d) elegir, designar, revocar o sustituir al Presidente,
al Vicepresidente y al Secretario
de la propia Asamblea, según corresponda;
e) designar o sustituir al Intendente Munici-
pal, a propuesta del Presidente de la propia
Asamblea;
f) designar o sustituir al resto de los miembros
del Consejo de la Administración Municipal,
a propuesta de su Intendente;
g) adoptar acuerdos y dictar disposiciones
normativas en el marco de su competencia,
sobre asuntos de interés municipal y controlar
su cumplimiento;
h) controlar y fiscalizar la actividad del Consejo
de la Administración del Municipio,
auxiliándose para ello de sus comisiones de
trabajo, sin perjuicio de las actividades de
control a cargo de otros órganos y entidades;
i) organizar y controlar, en lo que le concierne
y conforme a lo establecido por el Consejo
de Ministros o el Gobierno Provincial, el
funcionamiento y las tareas de las entidades
encargadas de realizar, entre otras, las
actividades económicas, de producción y
servicios, de salud, asistenciales, de prevención
y atención social, científicas, educacionales,
culturales, recreativas, deportivas
y de protección del medio ambiente en el
municipio;
j) exigir y controlar el cumplimiento de la
legalidad, así como el fortalecimiento del
orden interior y la capacidad defensiva del
país, en su territorio;
k) proponer al Consejo de Ministros o al Gobernador,
según el caso, la revocación de
decisiones adoptadas por órganos o autoridades
subordinadas a estos;
l) revocar o modificar las decisiones adoptadas
por los órganos o autoridades que le
están subordinados, cuando contravengan
las normas legales superiores, afecten los
intereses de la comunidad, o extralimiten
las facultades de quien las adoptó;
m)aprobar la creación de los consejos populares
del municipio, previa consulta al Consejo
de Estado;

n) coadyuvar, de conformidad con lo previsto
en la ley, a la ejecución de las políticas
del Estado en su demarcación, así como
al desarrollo de las actividades de producción
y servicios de las entidades radicadas
en su territorio que no les estén
subordinadas;
ñ) crear comisiones de trabajo y aprobar los
lineamientos generales para su labor, y

o) cualquier otra atribución que le asigne esta
Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 192. La Asamblea Municipal
del Poder Popular para el ejercicio de sus funciones
se apoya en sus comisiones de trabajo,
en los consejos populares, en la iniciativa y
amplia participación de la población, y actúa
en estrecha coordinación con las organizaciones
de masas y sociales.

SECCIÓN SEGUNDA

DELEGADOS A LA ASAMBLEA

MUNICIPAL DEL PODER

POPULAR

ARTÍCULO 193. Los delegados cumplen
el mandato que les han conferido sus electores,
en interés de toda la comunidad, para lo
cual deberán compartir estas funciones, con
sus responsabilidades y tareas habituales. La
ley regula la forma en que se desarrollan estas
funciones.

ARTÍCULO 194. Los delegados tienen los
derechos siguientes:

a) participar con voz y voto en las sesiones de
la Asamblea Municipal y en las reuniones
de las comisiones y consejos populares de
que formen parte;
b) solicitar información al Presidente, Vicepresidente
y Secretario de la Asamblea
Municipal, a los miembros de las comisiones
y al Consejo de la Administración sobre
temas relevantes para el ejercicio de sus
funciones y obtener respuesta en la propia
sesión o lo antes posible;
c) solicitar la atención e información de las
entidades radicadas en el territorio respecto
a situaciones o problemas que afecten a
sus electores, y estas vienen obligadas a responder
con la debida prontitud, y
d) cualquier otro que les reconozcan la Constitución
y las leyes.
ARTÍCULO 195. Los delegados tienen los
deberes siguientes:

a) mantener una relación permanente con sus
electores, promoviendo la participación de
la comunidad en la solución de sus problemas;
b) dar a conocer a la Asamblea Municipal y a
la administración de la localidad las opiniones,
necesidades y dificultades que les
trasmitan sus electores, y trabajar en función
de gestionar su solución, en lo que les
corresponda;
c) informar a los electores sobre la política que
sigue la Asamblea Municipal y las medidas
adoptadas en atención a sus opiniones y
para la solución de las necesidades planteadas
por la población o las dificultades para
resolverlas;
d) rendir cuenta periódicamente a sus electores
de su gestión, conforme a lo establecido
en la ley, e informar a la Asamblea, a la Comisión
y al Consejo Popular a que pertenezcan
sobre el cumplimiento de las tareas que
les hayan sido encomendadas, cuando estos
lo reclamen, y
e) cualquier otro que le reconozcan la Constitución
y las leyes.
ARTÍCULO 196. El mandato de los delegados
es revocable en todo momento. La ley
determina la forma, las causas y los procedimientos
para su revocación.

SECCIÓN TERCERA

COMISIONES DE LA ASAMBLEA

MUNICIPAL DEL PODER POPULAR

ARTÍCULO 197. Las comisiones permanentes
de trabajo son constituidas por la Asamblea
Municipal del Poder Popular atendiendo
a los intereses específicos de su localidad, para
que la auxilie en la realización de sus activida


des y especialmente para ejercer el control a
las entidades de subordinación municipal.

Del mismo modo, las comisiones pueden solicitar
a entidades de otros niveles de subordinación,
que se encuentren radicadas en su
demarcación territorial que les informen sobre
aspectos que inciden directamente en la
localidad.

Las comisiones de carácter temporal cumplen
las tareas específicas que les son asignadas
dentro del término que se les señale.

SECCIÓN CUARTA

CONSEJO POPULAR

ARTÍCULO 198. El Consejo Popular es un
órgano local del Poder Popular de carácter
representativo, investido de la más alta
autoridad para el desempeño de sus funciones
y, sin constituir una instancia intermedia a los
fines de la división político-administrativa,
se organiza en ciudades, pueblos, barrios,
poblados y zonas rurales; lo integran los
delegados elegidos en las circunscripciones
de su demarcación, los cuales deben elegir de
entre ellos a quien lo presida.

A las reuniones del Consejo Popular pueden
invitarse, según los temas y asuntos a tratar, representantes
de las organizaciones de masas y
sociales y de las entidades más importantes en
la demarcación, con el objetivo principal de fortalecer
la coordinación y el esfuerzo colectivo en
beneficio de la comunidad, siempre desde las
funciones propias que a cada cual corresponden.

ARTÍCULO 199. El Consejo Popular representa
a la población de la demarcación donde
actúa y a la vez a la Asamblea Municipal del
Poder Popular. Ejerce el control sobre las entidades
de producción y servicios de incidencia
local, y trabaja activamente para la satisfacción,
entre otras, de las necesidades de la economía,
de salud, asistenciales, educacionales,
culturales, deportivas y recreativas, así como
en las tareas de prevención y atención social,
promoviendo la participación de la población
y las iniciativas locales para su consecución.

La ley regula la organización y atribuciones
del Consejo Popular.

SECCIÓN QUINTA

GARANTÍAS A LOS DERECHOS

DE PETICIÓN Y PARTICIPACIÓN

POPULAR LOCAL

ARTÍCULO 200. La Asamblea Municipal
del Poder Popular, a los efectos de garantizar
los derechos de petición y de participación
ciudadana:

a) convoca a consulta popular asuntos de interés
local en correspondencia con sus atribuciones;
b) garantiza la correcta atención a los planteamientos,
quejas y peticiones de la población;
c) garantiza el derecho de la población del
municipio a proponerle el análisis de temas
de su competencia;
d) mantiene un adecuado nivel de información
a la población sobre las decisiones de
interés general que se adoptan por los órganos
del Poder Popular;
e) analiza, a petición de los ciudadanos, los
acuerdos y disposiciones propias o de au

toridades municipales subordinadas, por
estimar aquellos que estos lesionan sus
intereses, tanto individuales como colectivos,
y adopta las medidas que correspondan,
y

f) ejecuta, en el marco de su competencia,
cualquier otra acción que resulte necesaria
a fin de garantizar estos derechos.
La ley establece la forma y el ejercicio de es-
tas garantías.

SECCIÓN SEXTA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 201. La Administración Municipal
tiene como objetivo esencial satisfacer,
entre otras, las necesidades de la economía, de
salud, asistenciales, educacionales, culturales,
deportivas y recreativas de la colectividad del
territorio a que se extiende su jurisdicción, así
como ejecutar las tareas relativas a la prevención
y atención social.

La ley determina la organización, estructura
y funcionamiento de la Administración Municipal.


ARTÍCULO 202. El Consejo de la Administración
es designado por la Asamblea Munici-
pal del Poder Popular, a la que se le subordina
y rinde cuenta. Su composición, integración y
funciones se establecen en la ley.

ARTÍCULO 203. El Consejo de la Administración
Municipal es presidido por el Intendente,
tiene carácter colegiado, desempeña
funciones ejecutivo-administrativas y dirige la
Administración Municipal.

TÍTULO IX
SISTEMA ELECTORAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 204. Todos los ciudadanos,
con capacidad legal para ello, tienen derecho
a intervenir en la dirección del Estado, bien
directamente o por intermedio de sus representantes
elegidos para integrar los órganos
del Poder Popular y a participar, con ese
propósito, en la forma prevista en la ley, en
elecciones periódicas, plebiscitos y referendos
populares, que serán de voto libre, igual,
directo y secreto. Cada elector tiene derecho
a un solo voto.

ARTÍCULO 205. El voto es un derecho de
los ciudadanos. Lo ejercen voluntariamente
los cubanos, hombres y mujeres, mayores de
dieciséis años de edad, excepto:

a) Las personas que por razón de su discapacidad
tengan restringido judicialmente el
ejercicio de la capacidad jurídica;
b) los inhabilitados judicialmente, y
c) los que no cumplan con los requisitos de residencia
en el país previstos en la ley.
ARTÍCULO 206. El Registro de Electores
tiene carácter público y permanente; lo conforman
de oficio todos los ciudadanos con capacidad
legal para ejercer el derecho al voto,
de conformidad con lo previsto en la ley.

ARTÍCULO 207. Tienen derecho a ser elegidos
los ciudadanos cubanos, hombres y mujeres,
que se hallen en el pleno goce de sus derechos
políticos y que cumplan con los demás
requisitos previstos en la ley.

Si la elección es para diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular deben, además,
ser mayores de dieciocho años de edad.

ARTÍCULO 208. Los miembros de las
instituciones armadas tienen derecho a elegir
y a ser elegidos, igual que los demás ciudadanos.


ARTÍCULO 209. La ley determina la cantidad
de diputados que integran la Asamblea
Nacional del Poder Popular y de delegados
que componen las asambleas municipales del
Poder Popular, en proporción al número de
habitantes de las respectivas demarcaciones
en que, a los efectos electorales, se divide el territorio
nacional.

Los diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y los delegados a las asambleas
municipales del Poder Popular se eligen por el
voto libre, igual, directo y secreto de los electores.
La ley regula el procedimiento para su
elección.

ARTÍCULO 210. Para que se considere elegido
un diputado o un delegado es necesario
que haya obtenido más de la mitad del número
de votos válidos emitidos en la demarcación
electoral de que se trate.

De no concurrir esta circunstancia, o en los
demás casos de plazas vacantes, la ley regula la
forma en que se procederá.

CAPÍTULO II
CONSEJO ELECTORAL
NACIONAL

ARTÍCULO 211. El Consejo Electoral Nacional
es el órgano del Estado que tiene como misión
fundamental organizar, dirigir y supervisar las
elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos
que se convoquen.

Tramita y responde las reclamaciones que en
esta materia se establezcan, así como cumple
las demás funciones reconocidas en la Constitución
y las leyes.

El Consejo Electoral Nacional garantiza la
confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad,
autenticidad e imparcialidad de los procesos
de participación democrática.

ARTÍCULO 212. El Consejo Electoral Nacional
tiene independencia funcional respecto
a cualquier otro órgano y responde por el
cumplimiento de sus funciones ante la Asamblea
Nacional del Poder Popular.

Asimismo, una vez culminado cada proceso
electoral, informa de su resultado a la nación.

ARTÍCULO 213. El Consejo Electoral Nacional
está integrado por el Presidente, el Vicepresidente,
el Secretario y los vocales previstos
en la ley.

Los integrantes del Consejo Electoral Nacional
son elegidos y revocados, según corresponda, por
la Asamblea Nacional del Poder Popular o, en su
caso, por el Consejo de Estado.

ARTÍCULO 214. La organización, funcionamiento,
integración y designación de las
autoridades electorales, a todos los niveles, se
regula en la ley.

No pueden ser miembros de los órganos
electorales los que resulten nominados u ocupen
cargos de elección popular.

ARTÍCULO 215. El Consejo Electoral Nacional
controla la confección y actualización
del Registro Electoral, de conformidad con lo
establecido en la ley.

ARTÍCULO 216. Todos los órganos estatales,
sus directivos y funcionarios, así como las
entidades, están obligados a colaborar con el
Consejo Electoral Nacional en el ejercicio de
sus funciones.

TÍTULO X
DEFENSA Y SEGURIDAD
NACIONAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 217. El Estado cubano fundamenta
su política de Defensa y Seguridad Nacional
en la salvaguarda de la independencia,
la integridad territorial, la soberanía y la paz
sobre la base de la prevención y enfrentamiento
permanente a los riesgos, amenazas y agresiones
que afecten sus intereses.

Su concepción estratégica de defensa se sustenta
en la Guerra de Todo el Pueblo.

CAPÍTULO II
CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

ARTÍCULO 218. El Consejo de Defensa Nacional
es el órgano superior del Estado, que
tiene como misión fundamental organizar, dirigir
y preparar al país, desde tiempo de paz,
para su defensa, y velar por el cumplimiento
de las normativas vigentes relativas a la defensa
y seguridad de la nación.

Durante las situaciones excepcionales y de
desastre dirige al país y asume las atribuciones
que le corresponden a los órganos del
Estado, con excepción de la facultad constituyente.


ARTÍCULO 219. El Consejo de Defensa Nacional
está integrado por el Presidente de la
República, que lo preside, quien, a su vez, designa
a un Vicepresidente y a los demás miembros
que determine la ley.

La ley regula la organización y funcionamiento
del Consejo de Defensa Nacional y de
sus estructuras a los diferentes niveles.

CAPÍTULO III
INSTITUCIONES ARMADAS DEL ESTADO

ARTÍCULO 220. Las instituciones armadas
del Estado son las Fuerzas Armadas Revolucionarias
y las formaciones armadas del
Ministerio del Interior, las que para el cumplimiento
de sus funciones cuentan con la participación
de personal militar y civil.

La ley regula la organización y funcionamiento
de estas instituciones, así como el
servicio militar que los ciudadanos deben
prestar.

ARTÍCULO 221. Las instituciones armadas
tienen como misión esencial proteger y
mantener la independencia y soberanía del
Estado, su integridad territorial, su seguridad
y la paz.

CAPÍTULO IV
SITUACIONES EXCEPCIONALES
Y DE DESASTRE

ARTÍCULO 222. En interés de garantizar
la defensa y la seguridad nacional, en caso de
producirse una agresión militar o ante la in



minencia de ella u otras circunstancias que las
afecten, pueden decretarse de forma temporal,
en todo el país, según corresponda, las situaciones
excepcionales del Estado de Guerra

o la Guerra, la Movilización General y el Estado
de Emergencia, esta última también puede
decretarse en una parte del territorio nacional.
La ley regula la forma en que se declaran las
situaciones excepcionales, sus efectos y terminación.


ARTÍCULO 223. Ante la ocurrencia de desastres,
cualquiera que sea su naturaleza, en
cuyas circunstancias se afecte la población o
la infraestructura social y económica, en magnitud
tal que supere la capacidad habitual de
respuesta y recuperación del país o del territorio
afectado, se puede decretar la Situación de
Desastre.

La ley regula lo concerniente al establecimiento,
efectos y terminación de las situaciones
de desastre.

ARTÍCULO 224. Durante la vigencia de las
situaciones excepcionales y de desastre, la ley
determina los derechos y deberes reconocidos
por la Constitución, cuyo ejercicio debe ser regulado
de manera diferente.

ARTÍCULO 225. El Consejo de Defensa Nacional,
una vez restablecida la normalidad en
el país, rinde cuenta a la Asamblea Nacional
del Poder Popular de sus decisiones y gestión
durante ese período.

TÍTULO XI
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

ARTÍCULO 226. Esta Constitución solo
puede ser reformada por la Asamblea Nacional
del Poder Popular mediante acuerdo adoptado,
en votación nominal, por una mayoría
no inferior a las dos terceras partes del número
total de sus integrantes.

ARTÍCULO 227. Tienen iniciativa para promover
reformas a la Constitución:

a) el Presidente de la República;
b) el Consejo de Estado;
c) el Consejo de Ministros;
d) los diputados a la Asamblea Nacional del
Poder Popular, mediante proposición suscrita
por no menos de la tercera parte de
sus integrantes;
e) el Consejo Nacional de la Central de Trabajadores
de Cuba y las direcciones nacionales
de las demás organizaciones de masas y
sociales, y
f) los ciudadanos, mediante petición dirigida
a la Asamblea Nacional del Poder Popular,
suscrita ante el Consejo Electoral Nacional,
como mínimo por cincuenta mil electores.
La ley establece el procedimiento, los requisitos
y garantías para su solicitud y realización.
ARTÍCULO 228. Cuando la reforma se
refiera a la integración y funciones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular o del

Consejo de Estado, a las atribuciones o al
período de mandato del Presidente de la
República, a los derechos, deberes y garantías
consagrados en la Constitución, se requiere,
además, la ratificación por el voto
favorable de la mayoría de los electores en
referendo convocado a tales efectos.

ARTÍCULO 229. En ningún caso resultan
reformables los pronunciamientos sobre la
irrevocabilidad del sistema socialista establecido
en el Artículo 4, y la prohibición de negociar
bajo las circunstancias previstas en el
inciso a) del Artículo 16.

DISPOSICIONES ESPECIALES

PRIMERA: Los diputados a la Asamblea
Nacional del Poder Popular de la IX Legislatura
se mantienen en sus cargos hasta tanto
concluya su mandato.

SEGUNDA: Se extiende el mandato actual
de los delegados a las asambleas municipales
del Poder Popular hasta cinco años, contados
a partir de la fecha de su constitución.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Antes del plazo de seis meses,
después de haber entrado en vigor la presente
Constitución, la Asamblea Nacional del Poder
Popular aprueba una nueva Ley Electoral, en
la que regule la elección de los diputados a la
Asamblea Nacional, su Presidente, Vicepresidente
y Secretario; el Consejo de Estado, el
Presidente y Vicepresidente de la República,
los miembros del Consejo Electoral Nacional,
los gobernadores y vicegobernadores provinciales,
los delegados a las asambleas municipales
del Poder Popular, su Presidente y Vicepresidente.


SEGUNDA: Luego de aprobada la Ley Electoral,
la Asamblea Nacional del Poder Popular,
en el plazo de tres meses, elige de entre sus
diputados, a su Presidente, Vicepresidente y
Secretario, a los demás miembros del Consejo
de Estado, y al Presidente y Vicepresidente de
la República.

TERCERA: Una vez elegido, el Presidente
de la República, en el plazo de tres meses,
propone a la Asamblea Nacional del Poder
Popular la designación del Primer Ministro,
Viceprimeros Ministros, el Secretario y demás
miembros del Consejo de Ministros.

CUARTA: Las asambleas provinciales del
Poder Popular se mantienen en sus funciones
hasta tanto tomen posesión de sus cargos los
gobernadores, vicegobernadores y los consejos
provinciales.

QUINTA: El Presidente de la República,
una vez elegido y en el plazo de tres meses,
propone a las asambleas municipales del Po-
der Popular respectivas, la elección por sus
delegados de los gobernadores y vicegobernadores
provinciales.

SEXTA: Las asambleas municipales del Po-
der Popular, en el plazo de tres meses, designan
con posterioridad a la elección de los gobernadores
y vicegobernadores provinciales, a
aquellos que van a ocupar los cargos de intendentes.


SÉPTIMA: La Asamblea Nacional del Poder
Popular en el plazo de un año, luego de la entrada
en vigor de la Constitución, aprueba su
reglamento y el del Consejo de Estado.

OCTAVA: El Consejo de Ministros en el plazo
de dos años de vigencia de la Constitución,
presenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular
el proyecto de nuevo reglamento de ese
órgano y el de los gobiernos provinciales.

NOVENA: La Asamblea Nacional del Poder
Popular en el plazo de dos años de vigencia de
la Constitución, aprueba el reglamento de las
asambleas municipales del Poder Popular y de
sus consejos de la administración.

DÉCIMA: El Consejo de Gobierno del Tribunal
Supremo Popular, en el plazo de dieciocho
meses de entrada en vigor de la Constitución,
presenta a la Asamblea Nacional del
Poder Popular el proyecto de nueva Ley de los
Tribunales Populares, ajustado a los cambios
que en la presente Constitución se establecen,
así como las propuestas de modificaciones a
la Ley de Procedimiento Penal y a la Ley de
Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral
y Económico, que correspondan.

DECIMOPRIMERA: Atendiendo a los resultados
de la Consulta Popular realizada, la
Asamblea Nacional del Poder Popular dispondrá,
en el plazo de dos años de vigencia de la
Constitución, iniciar el proceso de consulta
popular y referendo del proyecto de Código
de Familia, en el que debe figurar la forma de
constituir el matrimonio.

DECIMOSEGUNDA: La Asamblea Nacional
del Poder Popular, en el plazo de dieciocho
meses de entrada en vigor de la Constitución,
aprueba las modificaciones legislativas
requeridas para hacer efectivo lo previsto en
su Artículo 99, referido a la posibilidad de los
ciudadanos de acceder a la vía judicial para reclamar
sus derechos.

DECIMOTERCERA: La Asamblea Nacional
del Poder Popular aprueba, en el plazo de un
año de entrada en vigor de la Constitución, un
cronograma legislativo que dé cumplimiento a
la elaboración de las leyes que desarrollan los
preceptos establecidos en esta Constitución.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA: Se deroga la Constitución de la
República de Cuba, de 24 de febrero de 1976,
tal como quedó redactada por las reformas
de 1978, 1992 y 2002.

SEGUNDA: La presente Constitución entra
en vigor, una vez proclamada, a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República.


 

I.PLANTEAMIENTO
A este foro, integrado principalmente por juristas, huelga explicar
qué es un Estado de derecho. Lo sabemos todos. Sin embargo,
antes de abordar el núcleo de mi intervención, deseo hacer unas
cuantas aclaraciones.

A) Cuando digo Estado de derecho, me estoy refiriendo al Estado
de derecho en su esencia. Esto es, al que se gesta en el siglo
XVIII durante la Ilustración, se configura en el XIX con el movimiento
constitucional y codificador en Europa y en los países
que, como Cuba, por vía de España, siguieron la tradición europea,
y se consolida y desarrolla, con nuevos matices, en el XX,
bajo el rubro de Estado social y democrático de derecho. Ahora
bien, ¿por qué hago esta salvedad? Porque voy a analizar los requisitos
que provienen, en el Estado social y democrático de derecho,
de su progenitor: el Estado liberal de derecho.
Estos requisitos son:

1) El imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Dicho en otras palabras, “el gobierno de las leyes” , y no
“el gobierno de los hombres”. O, para mayor claridad, “el
poder sometido a la norma jurídica”, que es el que garantiza
a los ciudadanos los principios de libertad e igualdad y que,
además, le otorga ese bien indispensable para la consecución
de dichos principios: la “seguridad jurídica” .
2) La legalidad de los actos de la administración y su control
judicial, así como la constitucionalidad de las normas secundarias
o derivadas de la norma máxima en la jerarquía
de las leyes: la Constitución.
3) La división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
a la manera de Montesquieu, con su consecuente equilibrio
y control entre ellos, así como la autonomía del Poder Judicial,
que interpretará y aplicará la norma jurídica con absoluta
independencia de los otros dos poderes.
4) La garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales,
que no es, ni más ni menos, que la garantía de la libertad
y de la igualdad de todos los hombres ante la ley.
Sin embargo, en la tarde de hoy sólo analizaré los tres primeros
requisitos antes mencionados. Para el estudio del cuarto requisito
invito a exponerlo a la abogada Ana María Grille, que lo ha
trabajado exhaustivamente.

B)En esta exposición me referiré solamente a la Constitución
de la República de Cuba promulgada en el periodo revolucionario:
la Constitución de 1976 reformada en 1992. No estableceré
comparaciones con la Constitución de 1940, ni entraré en ningún
tipo de legislación secundaria o derivada, aunque eventualmente
haga referencia a alguna de ellas. Esto se debe a que la legislación
secundaria (derechos penal, civil, económico, laboral, etcétera),
promulgada en el periodo revolucionario cubano, será objeto
de otros seminarios en este ciclo de análisis del Estado de derecho
en Cuba.

C)Asimismo, tendré en cuenta únicamente el ámbito de iure,
y no el de facto. Sólo trataré de constatar si con base en la Constitución
cubana actualmente vigente se cumplen los requisitos
esenciales del Estado de derecho antes mencionado. La situación
de facto será expuesta con posterioridad por los abogados cubanos
que hoy nos acompañan, y que han tenido experiencia en la
práctica de los tribunales, al haber ejercido en ellos como jueces
o miembros de los bufetes colectivos.
Sólo me resta indicar que la finalidad que pretendo en esta intervención
es hacer un diagnóstico sobre la situación del Estado
de derecho en Cuba. En resumen, dar respuesta a la pregunta:
Cuba: ¿Estado de derecho?, que da título a este ciclo.

Con respecto al primer requisito, esto es, al imperio de la ley,
por encima de ésta, en la Cuba actual, se encuentran el poder político
y el Partido Comunista. Así, según el Preámbulo y el artículo
5o. de la Constitución de 1976, reformada en 1992, la ley está
sometida al poder revolucionario encarnado en el Partido Comunista
“martiano y marxista-leninista” , que es la “vanguardia organizada
de la nación cubana y la fuerza dirigente superior de la
sociedad y el Estado” . Otros artículos en conexión con lo anterior
son el 1o., que define a Cuba como un “ Estado socialista de
trabajadores” , el 9o., inciso a), que dice que el Estado “realiza la
voluntad del pueblo trabajador y encauza los esfuerzos de la nación
en la construcción del socialismo” , así como “afianza la
ideología y las normas de convivencia propias de la sociedad libre
de la explotación del hombre por el hombre” , y el 12 que, en
varios incisos, entre otras aseveraciones de carácter dogmático,
condena el imperialismo, basa sus relaciones con los países que
edifican el socialismo, propugna la unidad de los países del tercer
mundo y establece que la República hace suyos los principios antimperialistas
e internacionalistas. Se trata, pues, de un Estado sometido
a una ideología rígida y preconcebida, típica de las ya
desfasadas dictaduras del proletariado. Es más, en el Preámbulo,
la propia Constitución se apoya en el “ internacionalismo proletario”.


Requisito también indispensable de un Estado de derecho es el
control de la constitucionalidad de las leyes. En Cuba, antes de la
revolución, conforme a la Constitución de 1940, dicho control, en
defecto de un Tribunal Constitucional, radicaba en el Tribunal
Supremo de Justicia, entonces un poder independiente. Ahora radica
en el mismo órgano que la emite: el Poder Legislativo, violando
flagrantemente el principio de la división de poderes. En
efecto, según el artículo 75 de la Constitución, corresponde a la
Asamblea Nacional del Poder Popular (máximo nivel del Legislativo)
“decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales” (inciso
c); “ revocar los decretos-leyes del Consejo de Estado y los decretos
y disposiciones del Consejo de Ministros que contradigan la
Constitución o las leyes” (inciso r); así como “revocar o modificar
los acuerdos o disposiciones de los órganos del Poder Popular
que violen la Constitución, las leyes, los decretos-leyes y demás
disposiciones dictadas por un órgano de superior jerarquía a los
mismos” (inciso s).

El control de la constitucionalidad de las leyes se atribuye también
a la Fiscalía General de la República, pues según el artículo
127 de la Constitución, ella “es el órgano del Estado al que corresponde,
como objetivos fundamentales, el control y la preservación
de la legalidad, sobre la base de la vigilancia del estricto
cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones
legales, por los organismos del Estado, entidades económicas y
sociales y por los ciudadanos”. En igual sentido se expresa el artículo
106 de la Ley de Organización del Sistema Judicial, a pesar
de que, como se verá posteriormente, la Fiscalía General está
subordinada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo
de Estado, organismo este último designado por la propia
asamblea y paralelo a ella en el organigrama estatal.

Por otra parte, no existen en Cuba (ni en la Constitución ni en la
legislación secundaria) instituciones o figuras jurídicas que controlen
la legalidad de los actos de la administración, como pueden
ser el Defensor del Pueblo o el recurso de amparo. Este control, según
el artículo 68, inciso b) de la Constitución, corresponde a las
masas populares que “controlan la actividad de los órganos estatales,
de los diputados, de los delegados y de los funcionarios” .
Queda pues, en manos de las organizaciones de masas —los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR); la Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC); la Confederación de Trabajadores Cubanos
(CTC); la Confederación de Mujeres Cubanas (CMC); la Asociación
Nacional de Agropecuarios Pequeños (ANAP) y otras; organismos
todos politizados, ideologizados y carentes de conocimientos
jurídicos—, el control de los actos de la administración.


En cuanto a la separación de poderes, además de los comentarios
antes expuestos, cabe añadir que no hay en la Constitución
cubana mención expresa alguna sobre división de poderes o de
funciones. Por el contrario, analizando la parte orgánica de la
misma (capítulos IX al XIII, en especial los artículos 75, 98 y
120 y siguientes, sobre atribuciones de los tres poderes), lo que se
observa es una total contaminación entre el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial. El primero de ellos está compuesto por las
asambleas Nacional, Provincial y Municipal del Poder Popular
que, juntas, integran los Organismos del Poder Popular. Paralelo
a la Asamblea Nacional está el Consejo de Estado que, según el
artículo 89 de la Constitución, es “el órgano de la Asamblea Nacional...
que la representa entre uno y otro periodo de sesiones,
ejecuta los acuerdos de ésta y cumple las demás funciones que la
Constitución le atribuye. Tiene carácter colegiado y, a los fines
nacionales e internacionales, ostenta la suprema representación
del Estado cubano” . Entre las funciones de la Asamblea Nacional
y del Consejo de Estado hay facultades propias tanto del Legislativo
como la iniciativa, modificación, aprobación y derogación de
las leyes, como del Ejecutivo y del Judicial. Tal es el caso de la
posibilidad de declarar el Estado de guerra, conceder indultos y
amnistías, y designar y remover a los ministros y a los representantes
diplomáticos de Cuba ante otros Estados, funciones
propias del Ejecutivo; mientras que a éste, representado por el
Consejo de Ministros, se le atribuyen funciones de control de la
legalidad, pues puede revocar decisiones de las administraciones
central, provincial y local cuando contravengan normas superiores
en rango. Asimismo, la Asamblea Nacional y el Consejo
de Estado tienen la facultad de interpretar las leyes y decidir sobre
su constitucionalidad, funciones propias del Poder Judicial.
Además, y esto es quizá lo más significativo, una de las atribuciones
de la Asamblea Nacional del Poder Popular es el nombramiento
de los miembros del Consejo de Estado, cuyo presidente
es jefe de Estado y de gobierno y proviene de sus propias filas;
cargos todos estos que recaen, desde hace décadas, en la persona
de Fidel Castro Ruz. No hay, pues, duda de la contaminación en
las funciones de los tres poderes. Y, ¿cuál es la consecuencia?
Pues que, en la realidad, tanto la Asamblea Nacional como las
asambleas provinciales y locales del Poder Popular sólo sirven de
“ correas de transmisión” para recibir órdenes del Consejo de Estado
que legisla, por la vía de los decretos-leyes, ejecuta, por la
vía del Consejo de Ministros y además, debido a atribuciones expresas
en la Constitución, interpreta las leyes. Sólo las asambleas
municipales tienen ciertos contenidos específicos en materia de
salud, vivienda, educación y abastecimiento de las ciudades, aunque
en la práctica es frecuente que sean amonestadas por el presidente
de Estado y de gobierno.

El sistema judicial cubano, regulado en la Constitución en el
capítulo XIII, bajo el rubro: “Tribunales y Fiscalía”, está compuesto
por el Tribunal Supremo Popular, que consta de cinco salas:
la penal, la civil y de lo contencioso administrativo, la laboral,
la de los delitos contra la seguridad del Estado y la militar.
Dichas salas se reúnen en pleno y cuentan con un Consejo de Gobierno,
que tiene la iniciativa de ley en su materia. Corresponden
también al sistema judicial la Fiscalía General del Estado y los
tribunales provinciales, municipales y militares, todos, al igual
que en el caso de las asambleas, con el apellido de populares. Dichos
tribunales, siempre colegiados, están integrados por jueces
profesionales y jueces legos, que son designados por la Asamblea
Nacional del Poder Popular, de la siguiente manera: el presidente
y vicepresidente del Tribunal Supremo Popular a propuesta del
presidente del Consejo de Estado y jefe de Estado y de gobierno,
otra vez, Fidel Castro; los de la Sala Militar a propuesta de los
ministros de las Fuerzas Armadas y de Justicia; los de la Sala Laboral
a propuesta del ministro de Justicia, quien deberá oír a la
Confederación de Trabajadores Cubanos y al Comité Estatal del
Trabajo y los demás jueces del Tribunal Supremo Popular a propuesta
del ministro de Justicia. Por último, los jueces de los tribunales
provinciales y municipales son designados por la Asamblea
Nacional a propuesta del ministro de Justicia. Además, por nor
ma constitucional, dichos tribunales rinden cuentas de su trabajo
judicial a los organismos del poder popular; esto es, a las diversas
asambleas municipales, provinciales o nacional, según el caso.
Dicho lo anterior, resulta obvio destacar la injerencia del Ejecutivo
y el Legislativo en la designación de los miembros del Poder
Judicial. Esto no es de extrañar, pues en Cuba, con la revolución,
desapareció la carrera judicial.

Ahora bien, ¿cuál es el perfil de los jueces, sobre todo de los
jueces legos? La Ley de Organización del Sistema Judicial establece
como requisito para ser juez lego —requisito que aunque
no se expresa vale también para ser juez profesional—, el tener
una activa integración política. Debido a ello, casi el total de los
jueces en Cuba, tanto legos como profesionales, son miembros
del Partido Comunista.

Aunque el artículo 122 de la Constitución dice que “los jueces,
en su función de impartir justicia, son independientes y no
deben obediencia más que a la ley” , esto no corresponde a la verdad,
ni siquiera a nivel textual. En efecto, dicha aseveración se
contradice con el artículo inmediatamente anterior, el 121, que
expresa que “Los tribunales constituyen un sistema de órganos
estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier
otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del
Poder Judicial y al Consejo de Estado” . Además, y lo que es mucho
más grave, una de las atribuciones del Consejo de Gobierno
del Tribunal Supremo Popular, según la Ley de Organización del
Sistema Judicial, es la de transmitir a los tribunales las instrucciones
de carácter general recibidas, no sólo de su propio pleno,
sino también de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado.

Y por si esto fuera poco, según el artículo 108 de la ley antes
mencionada, el fiscal general recibe instrucciones directas y de
“ obligatorio cumplimiento” del Consejo de Estado, organismo,
como se ha visto en párrafos anteriores, paralelo y designado por
la Asamblea Nacional del Poder Popular. No hay duda, pues, de la
dependencia y sometimiento del Poder Judicial al Legislativo, no
sólo por disposición expresa de la Constitución, que en el artículo
128 establece que “La Fiscalía General de la República constituye
una unidad orgánica subordinada... a la Asamblea Nacional
del Poder Popular y al Consejo de Estado” , y, por consiguiente,
que “el Fiscal General de la República recibe instrucciones directas
del Consejo de Estado” , sino también por disposición de su
legislación secundaria o derivada.

III.CONCLUSIÓN
De lo antes dicho se deduce que en Cuba no impera la ley
como expresión de la voluntad popular, ni hay control judicial de
los actos de la administración, ni garantía de constitucionalidad
de las leyes secundarias o derivadas. Tampoco existe división de
poderes con su consecuente equilibrio entre ellos ni, por supuesto,
independencia del Poder Judicial. Si a eso añadimos la falta
de garantía jurídica de los derechos y libertades fundamentales,
que no es, ni más ni menos, que la garantía de libertad e igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley, es fácil llegar a la conclusión de
que en Cuba no hay Estado de derecho, tal como se entiende en
las verdaderas democracias: las de corte occidental. Por consiguiente,
un NO rotundo es la respuesta a la pregunta que da título
a este trabajo: Cuba: ¿Estado de derecho?

Sponzoři 

 

  

28000846 10213969839074481 1238992877 n

 

 

canisbullreklama

zooveta sponzor

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440